En una transmisión de la Red de Medios Regionales del Perú, los congresistas Jaime Quito Sarmiento (Arequipa, Bancada Socialista), Wilson Quispe Mamani (Puno, Juntos por el Perú) y Ruth Luque Ibarra (Cusco, Bloque Democrático Popular) defendieron la protesta que realizaron el 28 de julio durante el mensaje presidencial de Dina Boluarte.

Ese día, la presidenta habló por más de cuatro horas, respaldada por un grupo que, según los parlamentarios, aplaudía cada frase. Los tres coincidieron en que sus gestos —carteles, mensajes en la vestimenta y mostrar el rostro de víctimas de protestas— fueron una respuesta política legítima, amparada por la Constitución y el derecho a la inviolabilidad parlamentaria. “No insultamos a nadie. Ejercimos nuestro deber de representar al pueblo”, afirmó Quito.

Para Luque, la reacción fue inevitable ante lo que considera “un mensaje de autoritarismo que invisibiliza a las víctimas” y que suma a una “lógica de impunidad institucional”. Quispe sostuvo que actuó en nombre de “los más de 70 fallecidos, huérfanos y madres que siguen exigiendo justicia” y acusó al Congreso de servir “a la derecha y al poder empresarial”.

Los tres rechazaron el pedido de sanción que impulsa la congresista Patricia Juárez. “Sancionarnos sería sancionar al 98% de peruanos que no quieren que Boluarte siga gobernando”, dijo Quispe, quien advirtió que esto sentaría un precedente para silenciar la oposición.

La conversación derivó hacia el debilitamiento de la oposición en el Congreso. Coincidieron en que muchas bancadas iniciales se fragmentaron y que hoy la resistencia a la mayoría oficialista es mínima. “No estamos en tiempos normales. Esto es autoritarismo puro, con un Congreso y otras instituciones alineadas para garantizar impunidad”, señaló Luque.

Quito agregó que se ha consolidado un “pacto de impunidad” entre Ejecutivo y Legislativo, con reformas legales que favorecen la reelección de congresistas, amplían sus privilegios y reducen el equilibrio de poderes. Para los tres, el objetivo de la mayoría es capturar el sistema de justicia, blindar a altos funcionarios y empresarios, e implementar plenamente la bicameralidad sin consulta ciudadana.

En ese contexto, criticaron el avance de proyectos mineros como Tía María, Río Blanco y El Algarrobo, que —advirtieron— amenazan miles de hectáreas agrícolas y comunidades que llevan años resistiendo. Quito aseguró que en el Valle de Tambo “ya hay niños con metales pesados sin que el Estado actúe”.

También cuestionaron el retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público, al que acusan de operar para intereses políticos y económicos. “No hay justicia para el pueblo. Se persigue a dirigentes y se ignora a las víctimas”, dijo Quispe, quien exigió retirar la acusación contra Pedro Castillo y permitir que siga su proceso en su región de origen.

Para los tres congresistas, lo que resta de legislatura será clave: prevén leyes para consolidar el control sobre el Poder Judicial, garantizar la impunidad a futuro y fortalecer el poder del Senado a partir de 2026. “El panorama electoral está diseñado para que la derecha mantenga el poder a cualquier costo”, advirtió Quito.

La entrevista cerró con un llamado a la unidad ciudadana. “Debemos resistir. No podemos permitir que nos prohíban hablar ni que conviertan al Perú en un Estado autoritario sin oposición”, subrayó Quispe.

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