Con 57 a favor, 40 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves el pedido de cuestión previa para que el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3377/2022-CR, que propone establecer un nuevo régimen para el otorgamiento de concesiones mineras en la región Madre de Dios, retorne a la Comisión de Energía y Minas.
El autor de esta iniciativa es el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso (APP).
Durante el debate, la parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) hizo el pedido de cuestión previa para que la Comisión de Energía y Minas pueda recabar opiniones del Ministerio del Ambiente (Minam) y de otros sectores ambientales en torno al mencionado proyecto.
Entre sus principales observaciones, Luque destacó que en la quinta disposición complementaria se establece “la suspensión de la solicitud y otorgamiento de concesiones forestales”, lo que iría en contra de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y “significaría una afectación directa a las actividades forestales en la conservación de bosques”.
Por otro lado, la iniciativa “tampoco considera ningún modelo de ordenamiento”, pese a que la Política Nacional Multisectorial para la pequeña minería y minería artesanal al 2030, aprobado mediante Decreto Supremo 016-2022-EM, dispone dispone diseñar e implementar un plan de desarrollo territorial, para atender la superposición de las actividades mineras de pequeña minería y minería artesanal. Para la congresista, la propuesta de Salhuana facilita los procedimientos para permitir la continuidad de una actividad que ya se desarrolla.
Minería en Madre de Dios: Superposición de derechos
La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) también cuestionó en su momento el Proyecto de Ley 3377/2022-CR, debido a que propone la suspensión de admisión de petitorios mineros en la región Madre de Dios.
Al respecto, señaló que “la admisión de petitorios mineros en la zona permitida para actividades mineras se encuentra suspendida desde 2010, el objeto de la suspensión es la definición de un ordenamiento de las actividades mineras y otros usos, como los derechos forestales”. Este ordenamiento hasta la fecha no se ha concretado, “siendo indispensable y necesaria su definición e implementación”.
“El levantamiento de la admisión de petitorios mineros, tal como lo establece el proyecto de ley, sin un ordenamiento territorial, incrementaría exponencialmente el actual problema de la superposición de derechos, pues casi la totalidad del área permitida para actividad minera (cerca de 500,000 hectáreas) se encuentra cubierta por petitorios mineros suspendidos”, se lee en un comunicado público.
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