Tras la difusión de un escandaloso reportaje, el Congreso de la República ordenó retirar toda imagen de César Acuña en las oficinas administrativas. El detonante fue la exposición pública de un gran retrato del líder de Alianza para el Progreso (APP) en el Centro de Modalidades Formativas, evidenciando presuntos usos políticos indebidos dentro del Parlamento.
La Oficialía Mayor del Congreso comunicó la medida mediante su cuenta oficial en X. Aunque evitó ofrecer mayores detalles, reconoció que la decisión responde a las críticas surgidas tras el reportaje del programa dominical Cuarto Poder. El material reveló que Yessenia Lozano Millones, militante de APP y jefa del mencionado centro, mantiene estrechos vínculos con César Acuña y percibe un salario de más de S/19 mil mensuales.
El reportaje también mostró que Lozano, de 36 años, inicialmente solo contaba con grado de bachiller en Derecho, condición insuficiente para su cargo. Aunque Sunedu confirma que tiene título de abogada, persisten dudas sobre su idoneidad. Además, la oficina que dirige fue creada discretamente en 2023, restringiendo el acceso a la prensa y operando bajo un notable hermetismo institucional.
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Desde el Congreso, se defendió a Lozano alegando que posee una maestría en Administración y Gestión Pública y más de cinco años de experiencia en el Estado. Asimismo, precisaron que el Centro de Modalidades Formativas fue establecido en junio de 2023 y no en 2024, como afirmaba el reportaje. Sin embargo, la falta de transparencia alimenta las sospechas.
El escándalo también salpica a otros personajes ligados a APP, como Ruth Melisa Leyva, funcionaria del mismo centro y afiliada al partido. Todo apunta a que esta oficina funcionaría como una plataforma de empleos para allegados políticos, usando programas de prácticas profesionales como fachada, lo que refuerza las críticas sobre el uso indebido de recursos públicos.
A pesar de la orden de retirar imágenes de partidos políticos, las dudas sobre el verdadero objetivo del Centro de Modalidades Formativas persisten. Analistas y voces de oposición exigen una investigación profunda, señalando que este caso es otro ejemplo más de cómo el Congreso ha sido capturado por intereses particulares, dañando gravemente su legitimidad ante la ciudadanía.
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