El consejero de la provincia de Chucuito, Abad Vizcarra Estrella, señaló que el Gobierno Regional de Puno se convirtió en una agencia de empleos, pagando favores políticos a quienes apoyaron la campaña electoral, generando un desorden total en la administración y asignación de personal regionalizado.

Vizcarra Estrella manifestó que el gobierno regional no convence y opera de manera automática sin rumbo claro para el desarrollo. Esta falta de dirección se refleja en la ausencia de obras de envergadura para la región, pese a contar con un presupuesto millonario.

La administración regional presenta un desorden total según las observaciones del consejero fiscalizador de la provincia de Chucuito. Los instrumentos de gestión como el ROF, CAP y MOF están desactualizados desde el año dos mil trece, situación calificada como irresponsable.

En el área de recursos humanos existe una gran descoordinación en la asignación de personal según el análisis realizado. El consejero Vizcarra mencionó que hay personal que no reúne el perfil para los cargos que ocupa actualmente.

Esta situación se repetiría en las treinta y cuatro unidades ejecutoras de la entidad regional según la fiscalización realizada. Un ejemplo claro de estas irregularidades es el proyecto de artesanía, donde Vizcarra Estrella cuestionó la presencia de especialistas ajenos.

El consejero afirmó que el proyecto de artesanía ha fracasado literalmente en sus objetivos principales y metas establecidas inicialmente. La iniciativa no muestra impacto, ni resultados, ni cumplimiento de metas programadas para beneficiar a los artesanos.

Esta sería una prueba evidente del pago de favores políticos con puestos de trabajo según las conclusiones del fiscalizador. En este proyecto, que tiene una inversión de dieciocho millones, se habría sobrevalorado la compra de una camioneta.

La oficina de estudios definitivos maneja más de treinta y cuatro millones de soles para elaborar expedientes técnicos de proyectos. Sin embargo, de ciento veintiún expedientes planificados, solo han aprobado cinco en lo que va del año actual.

Esta bajísima productividad llama poderosamente la atención del consejero fiscalizador y genera preocupación en la población beneficiaria. La provincia de Chucuito tiene doce expedientes técnicos pendientes de aprobación desde el año dos mil veintitrés.

Entre ellos se encuentran el tecnológico de Juli y el centro de salud de Kelluyo, proyectos esperados por la población. La demora en estos proyectos preocupa profundamente a la población local que espera la ejecución de obras importantes.

El gobierno regional actual se quejaba de las gestiones anteriores por dejar expedientes mal elaborados según recordó el consejero. Sin embargo, la gestión presente no solo los estaría haciendo mal, sino que ni siquiera puede culminarlos adecuadamente.

Esta situación demuestra una falta de capacidad técnica para solucionar los problemas heredados de administraciones pasadas. Vizcarra Estrella sugirió al gobernador regional un replanteamiento de su equipo técnico para garantizar personal idóneo en cada área.

El fiscalizador también observó ausencias de residentes y supervisores en diversas obras a inicios del año dos mil veintitrés. Aunque la situación ha mejorado, estima que todavía falta cubrir entre un veinte y treinta por ciento de estos puestos.

Vizcarra Estrella expresó que los grandes proyectos esperados no tienen un rumbo favorable para la región de Puno. La autopista Puno-Desaguadero no avanza y el esperado proyecto del gas no se concretará según las proyecciones actuales.

El Hospital Materno Infantil y el Hospital Manuel Núñez Butrón tampoco presentan resultados claros en su ejecución y avance. La gestión del gobernador Richard Hancco está dejando mucho que desear según las declaraciones del consejero fiscalizador.

Respecto a la línea amarilla de maquinaria pesada, el consejero informó que la investigación sigue su curso correspondiente. Estas máquinas han generado ingresos por casi treinta millones de soles este año, pero Vizcarra Estrella se pregunta el destino.

El consejero ha encontrado dificultades para acceder a la información pública solicitada según su experiencia reciente. La oficina de recursos humanos le negó el acceso a las planillas de las obras por motivos no especificados.

Por este motivo, está planteando una acción legal contra el jefe de esa área por abuso de autoridad. Los informes de fiscalización del consejero llegan a la Contraloría y al procurador para las acciones correspondientes.

Pese a que lo han arrinconado políticamente, el consejero Abad Vizcarra se mantiene firme en su labor fiscalizadora. Aseguró que continuará con su trabajo en favor de la transparencia y el uso adecuado de recursos regionales.

Finalmente, el consejero reafirmó su compromiso con el pueblo que lo eligió democráticamente en las elecciones regionales. Su trabajo se enfoca en la legislación, representación y principalmente la fiscalización para garantizar legalidad y transparencia.

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