El gremio de construcción civil de Arequipa busca defender la Ordenanza Regional Nº 283, vigente desde 2014, que regula los convenios entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y un sindicato de construcción civil. La norma está bajo la lupa del Consejo Regional, que analiza una posible derogatoria impulsada por el consejero de Caravelí, Aaron Maldonado López. 

Los dirigentes del gremio señalaron que esta ordenanza garantiza la participación laboral de los trabajadores de toda la región y contribuye a mantener el orden en el sector. “Como primer punto, esta ordenanza ha sido para preservar la participación laboral de los trabajadores de construcción civil de Arequipa, no solo de un sindicato, sino de toda la región. Como segundo punto, ha sido dada para proteger a todo el pueblo de Arequipa de la extorsión, coacción y el crimen organizado […] cuando decimos que no hay sicariato, coacción y extorsión en Arequipa es porque no hay otros sindicatos, donde hay 3 o 4 sindicatos hay ese caos que impera como en Lima y el norte del país”, afirmó el dirigente Alfredo Puño, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (STCCA). 

El gremio aseguró que solo en Caravelí se ha visto estos casos de extorsión. Ante esto, anunciaron que presentarán denuncias penales contra quienes intimidan a sus dirigentes. Reiteraron que no permitirán la derogatoria, incluso contemplan posibles medidas de fuerza, como un paro regional. También respondieron a las críticas sobre el reparto de la bolsa de trabajo, que otorga un 60% de plazas al sindicato y 40% al GRA. Según ellos, no existe discriminación y acusaron a Maldonado de buscar desestabilizar el sector. 

Respecto a las críticas del retraso de las obras por administración directa, el gremio respondió alegando que se debe por el “mal funcionamiento del área de Logística del Gobierno Regional de Arequipa debido a la falta de materiales e insumos, y malos expedientes técnicos”, dijo Percy Huaracallo, otro representante del gremio. 

Luego de sostener este lunes una reunión con la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, se acordó que el sindicato de Construcción Civil deberá presentar ante la Comisión un informe técnico y legal donde sustente su posición. Esta deberá ser abordada en reuniones con la Comisión para que la misma pueda realizar una propuesta en torno a la polémica ordenanza.  

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