A 30 años de la vigencia del Convenio 169 de la OIT en el Perú, el país registra 111 procesos de consulta previa orientados a garantizar la participación de los pueblos indígenas en decisiones estatales que afectan sus territorios y recursos. Sin embargo, solo el 50% de los acuerdos alcanzados se implementa, de acuerdo con el Viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela.
Iris Olivera, coordinadora del Programa Derechos de DAR, señaló que uno de los principales retos es asegurar el acceso público a información que permita vigilar la implementación de los compromisos. Según indicó, herramientas de transparencia pueden contribuir a que lo acordado se traduzca en resultados verificables.
Institucionalidad y reglamentos pendientes
Barranzuela sostuvo que se han creado espacios de diálogo dentro de la Comisión Multisectorial de Consulta Previa para evaluar avances. “También es importante acceder a información actualizada sobre las comunidades indígenas para que las entidades estatales tengan mayor predictibilidad en sus acciones”, afirmó.
Por su parte, Diego Saavedra, líder de Proyecto en DAR, consideró que el Estado debe “ajustar” su institucionalidad, lo que implica fortalecer el rol del Ministerio de Cultura como ente rector en derechos indígenas, mejorar el reglamento de la ley de consulta previa e incorporar los protocolos existentes como insumos para perfeccionar el proceso.
Rumbo a la política nacional al 2040
Estas reflexiones se vinculan con la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040, impulsada por el Ministerio de Cultura. La propuesta busca establecer una hoja de ruta para brindar servicios públicos con pertinencia cultural y garantizar, entre otros puntos, la adecuada implementación del derecho a la consulta previa.
Foro público: demandas y coincidencias
El 25 de noviembre, DAR realizó en Lima el Foro Público “El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas a 30 años de la vigencia del Convenio 169 de la OIT en el Perú”, que reunió a representantes indígenas, especialistas nacionales e internacionales, académicos y funcionarios.
Durante el evento, Julio Cusurichi, de AIDESEP, sostuvo que la consulta previa debe aplicarse también a iniciativas legislativas que podrían afectar a los pueblos indígenas. “Todas ellas (medidas legislativas) afectan nuestros derechos”, afirmó. Rosalía Clemente, presidenta de la CNA, propuso que la participación indígena comience desde la identificación de las medidas que deberán ser consultadas.
Consulta legislativa: una deuda histórica
Paulo Vilca, investigador del IEP, recordó que la consulta previa legislativa es una tarea pendiente desde 1995. Señaló que, si no pudo implementarse en un Congreso unicameral, el desafío es mayor ante el retorno del sistema bicameral.
Migración indígena y nuevos focos de atención estatal
Hernán Coronado, representante de la OIT para los Países Andinos, advirtió sobre el creciente desplazamiento de población indígena hacia zonas urbanas en busca de mejores servicios de salud y educación. Indicó que en América Latina el 52% de la población indígena vive en ciudades y que el Estado debe analizar las causas de este fenómeno para plantear soluciones.
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