El caso que ha puesto en la mira de la Contraloría de la República al Ministerio de Cultura es por la contratación “a dedo” que se habría hecho a Joinnus, una empresa que ofrece una plataforma de venta digital de boletos para Machupicchu y otros espacios culturales.
Según un informe de la Contraloría, hay indicios de presuntas irregularidades en la forma como se contrató a esta empresa y en el funcionamiento de su servicio.
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¿Qué dice el informe de la Contraloría sobre el contrato entre Joinnus y el Ministerio de Cultura?
El informe es el resultado de un control simultáneo, es decir, que se hizo mientras se esta ejecutando el contrato. El objetivo es verificar si el servicio que brinda Joinnus cumple con los requisitos y las expectativas del Ministerio de Cultura.
El informe revela varias situaciones adversas, como por ejemplo:
– Los horarios para la entrada a la ciudadela inca de Machupicchu estaban equivocados.
– La plataforma de Joinnus no emitía los reportes en tiempo real para ver la venta, los costos, y otros datos relevantes.
– Había deficiencias e incongruencias en el funcionamiento de la plataforma, que afectaban la experiencia de los usuarios y la gestión del Ministerio de Cultura.
Estas situaciones ponen en riesgo la conservación del patrimonio cultural, la reactivación del turismo, y la transparencia de la administración pública.
¿Qué medidas se han tomado al respecto?
El informe de la Contraloría se publicó y se envió a la ministra de Cultura y a los responsables de la ejecución del contrato, para que corrijan los errores lo más pronto posible. El Ministerio de Cultura tiene 45 días para informar si ya lo corrigió o no, y cómo lo hizo.
Además, la Contraloría está realizando otro proceso de control, que no es simultáneo, sino posterior, para ver qué pasó con la contratación de Joinnus. Es decir, cómo se eligió a esta empresa y por qué se le adjudicó el contrato.
Según el contralor de la República, Nelson Shack, hay indicios de presunta irregularidad en la contratación de Joinnus, que se hizo bajo la modalidad de menor cuantía, o sea, de contratación directa de menos de 8 UIT. Esto significa un contrato, sin una competencia ni una evaluación previa.
“Lo que hicieron es una serie de investigaciones en el mercado, pero al final adjudicaron en el marco de una menor cuantía, o sea, de una contratación directa de menos de 8 UIT que es legal, pero como todos sabemos todas las contrataciones de menos de 8 UIT, son a dedo. Ahora se va a ver si hay algo irregular, de hecho la Comisión auditora a recopilado toda la información y ha visto que hay indicios de presunta irregularidad y es por eso que ha pasado la segunda etapa, que ha abierto un servicio de control específico”, señaló el contralor Nelson Shack.
Es decir que la Contraloría ha recopilado toda la información y ha abierto un servicio de control específico, que determinará si hubo responsabilidad penal o administrativa de los funcionarios involucrados. El informe final tendrá recomendaciones correctivas e incluso podrá derivar en denuncias judiciales.
¿Qué implica este caso para el sector Cultura?
Este caso no solo afecta al Ministerio de Cultura, sino a todo el sector cultural del país. La Contraloría ha diseñado una estrategia para controlar el tema de los gastos en el tema cultural, a través de una serie de servicios de control que se van a desplegar en 7 departamentos, en una muestra representativa de los espacios culturales.
La Contraloría busca evitar que se repitan casos como el de la presunta contratación irregular de Joinnus, que dañan la imagen y la credibilidad del sector cultural, y que ponen en riesgo el patrimonio, el turismo, y la transparencia.