El experto en minería y gestión ambiental, Iván Arenas, dijo que en el actual Congreso hay una “Bancada Reinfo”, que es multipartidaria y está a favor de la minería informal. “Tiene interés político y electoral, que es la minería informal (…) Opera como una coalición”, señaló.

Eso mismo había advertido César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), cuando un grupo de congresistas promovió y amplió cinco veces la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y postergó la aprobación de la nueva Ley MAPE. Por Cusco se puede mencionar a Guido Bellido (Perú Libre), Luis Aragón (Acción Popular) y Katy Ugarte (Bloque Magisterial), que apoyaron la última ampliación.

Ahora, la Bancada Reinfo pretende cambiar el régimen minero, según Arias, para favorecer a los informales. El 17 de marzo pasado, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que altera las reglas que dieron estabilidad jurídica al sector. Pretende obligar a las empresas formales a firmar acuerdos con comunidades, elimina el carácter irrevocable de las concesiones, reducir de 30 a 15 años el plazo para iniciar producción, busca aplicar nuevos costos a concesiones ya otorgadas.

Durante años, la minería informal operó por fuera del sistema institucional y, en algún momento, fue perseguido. Pero hoy cuenta con voceros en el Congreso y busca representación directa al integrar las listas de candidatos. Según el medio Territorio Tomado, al menos 64 candidatos tienen o tuvieron registros en el Reinfo, sistema que fracasó en la formalización, mientras que otros buscan la reelección.

Los perjuicios

Según Iván Arenas, reducir el plazo de las concesiones mineras formales a quince años reduciría también las transferencias por canon y regalías. “No existiría canon minero sin inversiones. Las inversiones mineras no llegarían si no habría predictibilidad. Sin concesiones, sin régimen de concesiones, no habría canon minero”, señaló.

Arenas puso como ejemplo los casos de Espinar o Chumbivilcas donde el canon minero representa el 70 % y 80 % de toda la inversión del Estado. “De cada diez soles que se destina a las municipalidades, siete u ocho provienen de la minería (canon o regalías). Si se elimina, los afectados serían los más pobres”, dijo.

En tanto, a nivel regional, según el Banco Central de Reserva, los sectores de extracción de petróleo, gas y minerales representan el 41.8 % del PBI regional.

Jugadas de campaña

El dictamen está siendo impulsado en plena campaña electoral, porque muchos partidos, con bancada en el Congreso, llevan en sus listas a mineros informales o a sus voceros y buscan ganar esos votos. Por ejemplo, Javier Bernal Salas, dirigente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), postula por Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga.

Adolfo Valverde, asesor de la Confemin, postula por Perú Libre, organización de Vladimir Cerrón; Raúl Noblecilla, asesor legal de la Asociación de Mineros Ancestrales, integra la plancha presidencial de Podemos Perú y busca un escaño en el Senado; Guido Bellido, actual congresista y miembro de la Comisión de Energía y Minas, postula al Senado. De esa forma, la minería informal construye su propio poder político. Investigadores señalan que este sector puede financiar hasta 36 campañas presidenciales.