Un hecho que ha generado fuerte polémica en la provincia de Melgar se registró en el distrito de Macarí, donde el subprefecto distrital, Freddy Condori Yucra, fue sancionado públicamente por las rondas campesinas durante la ceremonia de izamiento dominical en la Plaza San Martín.

La medida, adoptada por las autoridades comunales, responde a un presunto uso indebido del cargo con fines políticos, en un contexto marcado por la campaña electoral.

Acusaciones por reunión política y apoyo a candidatura

Según informó la dirigencia de la Central de Rondas Campesinas, la sanción se aplicó tras conocerse que el subprefecto habría participado en actividades de proselitismo político a favor de la candidata presidencial Keiko Fujimori.

Entre los hechos señalados, se menciona su presunta asistencia a una reunión realizada de manera reservada en un fundo privado de la provincia de Ayaviri. De acuerdo con versiones recogidas en la zona, en dicho encuentro se habría intentado mostrar un respaldo mayoritario a la candidatura, aunque —según indican— la convocatoria habría sido reducida.

Este punto fue clave para la decisión de las rondas, que consideran que una autoridad política no debe involucrarse en actos partidarios.

Sanción pública durante actividad oficial

La intervención se realizó durante una actividad pública, lo que le dio mayor visibilidad al caso. Como parte de la sanción, el subprefecto fue obligado a realizar ejercicios físicos —como “ranas” y “planchas”— y recibió azotes con chicote, prácticas que forman parte de los mecanismos de justicia comunal en algunas localidades.

Posteriormente, fue retirado de la plaza ante la presencia de pobladores y autoridades locales.

Llamado a respetar la neutralidad en campaña

Durante la actividad, las rondas campesinas fueron enfáticas en su mensaje: no permitirán el uso de cargos públicos para favorecer candidaturas políticas dentro de su jurisdicción.

El caso pone sobre la mesa un tema sensible en periodos electorales: la neutralidad de las autoridades. Y también abre el debate sobre los límites entre la justicia comunal y los derechos individuales.

Por ahora, lo ocurrido en Macarí deja una señal clara desde el ámbito local: la vigilancia ciudadana sobre el comportamiento de sus autoridades está más activa que nunca.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo