En las últimas semanas, la Amazonía peruana enfrentó una severa crisis hídrica, de la cual aún se recupera tras la drástica reducción del caudal de los ríos Amazonas, Nanay e Itaya. Esta situación ha afectado gravemente la vida y los medios de subsistencia de las comunidades locales, poniendo en peligro no solo la biodiversidad de la región, sino también el bienestar de millones de personas que dependen de estos vitales recursos hídricos. 

Un informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), registrado en la estación de control Enapu, reveló que al 24 de septiembre el nivel del río Amazonas descendió a 105.45 metros sobre el nivel del mar, apenas 7 centímetros por encima del mínimo histórico registrado en 2010. 

Este descenso se debe a un marcado déficit de lluvias en la sierra y la selva alta del país. José Álvarez, líder en gestión territorial y relaciones comunitarias en Amanatari, subrayó que «la crisis hídrica no es un fenómeno nuevo, sino un problema recurrente». Según Álvarez, la sequía actual ha superado incluso la devastadora de 2010, con consecuencias más graves de lo visto en décadas. 

Atribuyó esta situación principalmente a dos factores: el cambio climático y la deforestación, agravada por actividades como la minería ilegal, la tala indiscriminada, la agricultura intensiva, la explotación petrolera, el narcotráfico y la expansión urbana desenfrenada.

Efectos de la crisis hídrica

En respuesta a la emergencia, el gobierno declaró el estado de emergencia en Loreto por 60 días a partir del 13 de septiembre. La situación fue especialmente grave en el sector salud, donde la capacidad de evacuación médica en hidroavionetas se redujo hasta en un 50%, y las hidroambulancias funcionaron al 75% de su capacidad, según informó la ONG Hombro a Hombro. 

Las comunidades amazónicas fueron las más afectadas. La sequía dejó varadas embarcaciones que transportaban alimentos y combustible, interrumpiendo el abastecimiento de bienes esenciales. Esto provocó escasez en los mercados locales e incrementó los precios, impactando directamente a los hogares más vulnerables.

Álvarez advierte que la sequía también golpeó fuertemente la agricultura y la economía local. Explica que no solo se pierden cosechas anuales como el maíz y el plátano, sino también plantaciones de largo plazo, como los cacaotales, lo que implica la pérdida de inversiones de hasta 10 o 15 años. Esta devastación económica está empujando a muchos pequeños agricultores a migrar en busca de nuevas oportunidades.

Crisis forestal y sequía

El experto, quien anteriormente se desempeñó como director de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, destaca que la crisis de incendios forestales que ha afectado varias regiones del país está estrechamente ligada a la sequía, un factor que ha pasado desapercibido en el debate público. 

Si bien muchos de los incendios son causados por actividades humanas, la sequía y fenómenos naturales como las tormentas eléctricas también juegan un papel importante en su propagación.  

Añade que la deforestación y el cambio climático actúan de forma sinérgica, intensificando la crisis ambiental en la Amazonía. Asimismo, subraya que actividades ilegales, sumadas a modelos de desarrollo insostenibles, están “destruyendo” la selva. Álvarez también alerta sobre las consecuencias a largo plazo si no se frena la deforestación. 

Si bien algunas campañas buscan reducir las quemas en las comunidades, el experto señala que gran parte del riesgo radica en el deterioro de los ecosistemas: “El problema de fondo es la sequía provocada por la degradación del bosque y por el cambio climático”. Los científicos ya alertan sobre un «punto de inflexión» en la Amazonía, un umbral a partir del cual la pérdida de bosques será irreversible. 

Este punto, que se calcula entre un 20% y un 25% de pérdida de cobertura forestal, está peligrosamente cerca, ya que actualmente la Amazonía ha perdido un 17%. “Estamos a dos pasos del abismo”, lamenta el experto, criticando la irresponsabilidad de ciertos políticos que siguen promoviendo proyectos que incentivan la deforestación.

También señala la apertura de carreteras, tanto legales como ilegales, como uno de los mayores peligros, ya que facilitan actividades ilícitas y aceleran la destrucción de los bosques. 

En lugar de fomentar un desarrollo sostenible, estas vías contribuyen a la expansión de la minería ilegal, la tala indiscriminada y el tráfico de tierras. Las nuevas carreteras han permitido a los delincuentes acceder a zonas de la selva tropical previamente intactas, abriendo el camino para la expansión de la ganadería y la minería de oro en áreas protegidas, lo que agrava la degradación ambiental en estos frágiles ecosistemas.

Soluciones sostenibles e inclusivas

Otro desafío fundamental es la falta de inversión en alternativas de desarrollo sostenible para la Amazonía. El especialista destaca que el problema no es la ausencia de opciones viables, sino la falta de apoyo para desarrollarlas: “El bosque tiene un increíble potencial económico si se gestiona de manera sostenible”. 

La próxima COP16 sobre biodiversidad, que se realizará en Colombia, representa una oportunidad para enfrentar esta crisis. Este evento será un espacio clave para intercambiar experiencias y coordinar políticas internacionales que promuevan la conservación y el desarrollo sostenible, elementos esenciales para preservar la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático. 

Finalmente, el especialista subraya la importancia de colaborar estrechamente con las comunidades indígenas, quienes poseen el conocimiento ancestral necesario para gestionar el bosque de forma sostenible. «Ellos tienen la sabiduría, las prácticas y la cultura que se necesitan para convertir la Amazonía en un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible», enfatiza.  

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