Imagina despertar en medio de un bosque amazónico: escuchar el crujido de las hojas, el alboroto de los árboles, el aleteo de las aves y las gotas cayendo, aunque no llueva. La mañana se llena de chirridos de insectos y del canto de aves, como el gallito de las rocas.

Esa escena se repite día tras día en el bosque amazónico del Araza, en Camanti, provincia de Quispicanchi, región Cusco. Este territorio concentra una de las mayores riquezas biológicas del sur andino-amazónico. Allí viven árboles centenarios, flores silvestres y helechos, además de aves, mamíferos y reptiles, como osos de anteojos, jaguares y otras especies endémicas. Cada tramo del Araza conserva especies que no sobrevivirían fuera de este corredor natural.

El río Araza atraviesa ese territorio como una columna vertebral. Sus aguas abastecen a las comunidades del distrito de Camanti y a otras poblaciones aguas abajo. Sirven para el consumo humano, la agricultura y la pesca. Como toda cuenca hídrica, este río constituye una fuente de vida. Es conocido como una “fábrica de agua”, porque captura humedad para el valle y mantiene condiciones favorables para la producción de cacao y copoazú.

Para proteger este lugar, el Gobierno Regional del Cusco, con el acompañamiento de Conservación Amazónica (ACCA), impulsa la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Bosques del Araza. De aprobarse, Cusco sumaría seis áreas de conservación. Actualmente cuenta con las ACR Choquequirao, Ausangate, Chuyapi Urusayhua, Q’eros-Kosñipata y Tres Cañones.

De acuerdo con la consejera regional por Quispicanchi, Luz Marina Casafranca, es clave proteger la zona frente a invasiones territoriales de pobladores de Puno, un conflicto latente que puede acelerar la destrucción del bosque. A ello se suman la tala y la minería ilegal, actividades que podrían abrir trochas, contaminar el río, ahuyentar la fauna y expulsar a poblaciones, como ya ha ocurrido en la región vecina de Madre de Dios.

Cuidar el Araza es una necesidad y demanda una decisión política y social. Son más de 56 mil hectáreas de bosques montanos y pajonales altoandinos. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) aprobó la segunda etapa del proceso y habilitó la fase tres para crear el ACR: actualizar el expediente técnico y socializar la propuesta de zonificación.

Como en todo proceso, hay voces que se oponen a la creación de un área de conservación. Para desacreditarla, afirman que impedirá el acceso a tierras para la agricultura o afectará la economía local, que se entregarán las tierras a terceros, que se restringirá el ingreso al río o que se prohibirá la pesca. Nada de eso es cierto. Un ACR no faculta a ninguna institución ni autoridad a expropiar tierras ni concesionarlas. Su objetivo es gestionar el territorio mediante un comité de gestión conformado por autoridades locales, instituciones y organizaciones sociales, de base y comunales.