Una comisión investigadora del Consejo Regional del Cusco ha encontrado presunta responsabilidad política, administrativa e incluso penal en el exgobernador regional Jean Paul Benavente y sus funcionarios por la transferencia de más de S/ 270 millones a gobiernos locales a través del Presupuesto Participativo Multianual, denominado «Tinkuy Regional Multianual». Este programa tenía como objetivo el cierre de brechas en la anemia.
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Recursos destinados y problemas identificados
El informe de la comisión revela que entre 2019 y 2022 se realizaron 112 transferencias por un total de S/ 270,671,665.76. Sin embargo, estas transferencias se llevaron a cabo sin contar con un marco legal regional adecuado. Además, los convenios firmados entre el Gobierno Regional del Cusco y las municipalidades carecían de cláusulas para regular adecuadamente las transferencias, y no se evaluó la capacidad operativa de los gobiernos locales receptores.
Como resultado, muchas de las municipalidades beneficiadas no contaban con el personal ni la capacidad necesaria para ejecutar los proyectos, lo que ha llevado a obras paralizadas e inconclusas. Además, durante la etapa de evaluación de los proyectos no se verificó si estos cumplían con los criterios de cierre de brechas exigidos por Invierte.pe, resultando en transferencias para obras que no se ajustaban a los criterios multianuales.
Estado de los proyectos y denuncias en gestión del exgobernador de Cusco Jean Paul Benavente
La comisión, presidida por la consejera Calandria Olivera, informó que solo 50 proyectos están culminados. Sin embargo, más de 55 están en ejecución y no registran información actualizada en el Sistema de Seguimiento de las Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, algunas de las obras ejecutadas han sido objeto de denuncias por mala ejecución presentadas ante la Fiscalía por las actuales gestiones municipales.
La gravedad de estos hallazgos ha llevado a la comisión a recomendar la denuncia formal contra Benavente y sus exfuncionarios. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de establecer un marco legal sólido y mecanismos de control más estrictos para la transferencia de recursos y la ejecución de proyectos en beneficio de la población.