El Poder Judicial halló responsabilidad penal en un caso de colusión vinculado a la compra fraccionada de uniformes municipales en 2015.

El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, Cusco, logró una sentencia condenatoria contra cuatro exservidores públicos de la Municipalidad Provincial de La Convención y una empresaria tras acreditarse concertaciones ilícitas relacionadas con procesos de contratación realizados entre junio y julio de 2015. El Poder Judicial halló responsabilidad en el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple.

La sentencia impuso cuatro años de prisión efectiva para Fany Díaz del Mar, exjefa de la Oficina de Abastecimiento. Asimismo, se dictaron cuatro años de pena privativa de libertad, convertidos en 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios, para José Dongo, exjefe de la Oficina de Personal, y Nilton Betancurt, exjefe de la Oficina de Cotizaciones.

Por su parte, Kenny Pinares, exoperador del SIAF, y Erika Araujo, gerente de la empresa Faberis E.I.R.L., fueron sentenciados a tres años de pena privativa de libertad, convertidos en 156 jornadas de servicio comunitario. El fallo también incluyó inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas y el pago solidario de S/30 mil como reparación civil a favor del Estado.

Corrupción en Cusco: Funcionarios concertaron para defraudar al Estado

De acuerdo con la investigación fiscal, los implicados concertaron para defraudar a la municipalidad mediante el fraccionamiento deliberado de la compra de uniformes para el personal edil. Para ello, se realizaron cuatro requerimientos independientes por montos menores a 3 UIT, que en conjunto sumaron S/45,480. Esto evitó un proceso regular de selección y competencia establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó diversas irregularidades documentales y operativas. Entre ellas la sustracción y reactivación informática de órdenes de compra previamente anuladas dentro del sistema del área de abastecimiento. También demostraron que las prendas, entregadas en un solo bloque, llegaron a su destino antes de la emisión formal de las órdenes de compra obligatorias. Además dichas ordenes, validadas por los exfuncionarios, favorecieron a la empresa proveedora, según la acusación fiscal.