El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo Rabanal, consideró que una eventual destitución de la actual presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, representaría un quiebre institucional y sería un desastre para la vida jurídica del país.

“Si la destituyen, sería grave; porque sería atentar contra un poder del estado; sería un escándalo internacional y un desastre para la vida jurídica del país, y tendría efecto en todos los sectores. Estaríamos ante un quiebre institucional”, alertó.

El abogado hizo este comentario, a propósito del procedimiento exprés que abrió la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la magistrada Janet Tello Gilardi, hecho que ha encendido alertas y preocupación en el ámbito del sistema de justicia y la sociedad civil organizada.

Janet Tello enfrenta una investigación junto con otros cuatro jueces que integraron la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, a partir de una denuncia formulada por un exmilitar, por la mención a una norma sin vigencia en una decisión jurisdiccional.

Persecución política

En declaraciones para el programa Voces del Sur de la Red Micaelas, vía Radio Quillabamba (Cusco), el abogado Raúl Canelo observó que un proceso sumario de diez días solo opera ante casos gravísimos, como los hechos de corrupción. Por tal motivo, consideró que el actual procedimiento abierto contra Janet Tello obedecería más bien a una persecución política.

Desde que asumió su gestión, la nueva presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha tenido una postura crítica contra las normas que promueve el Congreso y que, a su vez, no son observadas por el régimen de Dina Boluarte.

“Me da la impresión que este es un mecanismo de persecución política. Si la presidenta de la (Corte) Suprema no tiene ninguna garantía, qué nos espera a los ciudadanos”, advirtió.

Raúl Canelo también recordó que él mismo fue denunciado ante el comité de Ética del colegio de abogados, tan solo por el hecho de reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde alertó sobre las normas impulsadas por las autoridades políticas de turno en favor del crimen organizado y la corrupción.

“Fuimos los primeros en alertar la gravedad de estas leyes que fueron saliendo, como esta ley de crimen organizado que establecía que la prisión preventiva tendría que ser para delitos superiores a 8 años y además eliminaba los casos de corrupción, y con ello se han caído casos de Odebrecht, Cuellos Blancos, Cócteles”, recordó.

Una JNJ de dudosa procedencia

El decano del CAL también hizo referencia a que el proceso contra Janet Tello estaría siendo promovida internamente en la JNJ por una integrante con cercanías políticas, en clara referencia a María Cabrera, una excongresista y cercana al partido Podemos Perú de José Luna.

Como se recuerda, los nuevos miembros de la JNJ, incluyendo María Cabrera, fueron elegidos en un proceso dudoso y sin criterios de transparencia, por una comisión presidida por el actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien, a su vez, fue designado por el Congreso gracias al pacto político tácito entre los partidos de Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori.

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