La crisis institucional en el Perú no da tregua. Esta vez, el centro de la polémica es el Ministerio Público, encabezado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. En entrevista con la Red de Medios Regionales, la magistrada denunció una ofensiva del Congreso de la República y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en su contra. Lo calificó como un ataque a la autonomía fiscal y advirtió que las consecuencias pueden ser graves para la democracia.

Espinoza afirmó que el Ministerio Público continúa trabajando, pese a las presiones y cuestionamientos. “Las circunstancias que hemos pasado desde el 16 de junio se han superado, pero aún hay efectos que se ven en el Congreso y en la JNJ”, indicó. La fiscal criticó que se le haya abierto una investigación constitucional de forma acelerada, mientras otras denuncias similares llevan meses sin trámite.

Para Espinoza, el Congreso actúa con discriminación política. Asegura que su único delito ha sido defender la autonomía del Ministerio Público. Recordó que la JNJ no cumplió con su propia ley al pretender reincorporar a Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, sin cumplir los procedimientos. “No nos han entregado el acta con las siete firmas ni el registro audiovisual de su deliberación”, sostuvo.

Frente a los cuestionamientos por una supuesta pugna interna, Espinoza fue clara. “No hay una disputa entre autoridades. Hay una autoridad legítima, que soy yo, y un intento ilegal de reincorporar a alguien que no corresponde”, enfatizó. Según explicó, solo la Junta de Fiscales Supremos, de acuerdo al artículo 158 de la Constitución, puede elegir al fiscal de la Nación.

La fiscal también envió un mensaje a las mujeres del país. Dijo que se necesita defender la democracia, el Estado de derecho y la legalidad, incluso en momentos de crisis. “Me atacan, me insultan, me adjetivizan, pero estoy acostumbrada. Lo que no se puede permitir es que se dañe al país”, declaró. Aseguró no tener ninguna denuncia por corrupción y afirmó que las investigaciones que lidera se tramitan de forma objetiva, sin importar el cargo o partido de los involucrados.

La situación se agrava de cara a las elecciones de 2026. Espinoza advirtió que si el Congreso insiste en su propuesta para intervenir el Ministerio Público, se quebraría la separación de poderes. “Eso sería un golpe de Estado parlamentario”, advirtió. Según dijo, esa intervención pondría en riesgo la limpieza y transparencia de los próximos comicios, ya que el Ministerio Público es clave en la lucha contra los delitos electorales.

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La fiscal comparó la situación actual con el autogolpe de 1992, cuando el gobierno de Alberto Fujimori intervino el Ministerio Público y el Poder Judicial. Aunque la actual amenaza viene desde un Congreso electo democráticamente, Espinoza sostiene que el efecto sería el mismo: “lo que no está en la Constitución, no existe y no se puede proponer”.

Otro punto de preocupación es el recorte presupuestal al Ministerio Público. Espinoza denunció que desde 2023 se redujo el presupuesto en un 4% y que en 2026 se les quitará otro 5%. Dijo que han pedido explicaciones al Ministerio de Economía, pero no han recibido respuestas. “Mientras otras entidades reciben todo lo que piden, a nosotros nos quitan”, expresó.

En el ámbito regional, la fiscal se comprometió a seguir trabajando pese a los problemas. Reconoció que hay casos sin resolver, pero señaló que se deben a la falta de recursos y a la necesidad de coordinación con la Policía Nacional. “Nosotros no hacemos patrullaje, no prevenimos delitos, eso le corresponde a la Policía”, aclaró. Criticó la falta de respuesta del Ministro del Interior, a quien le ha pedido reuniones desde marzo para coordinar estrategias contra la delincuencia.

Finalmente, Espinoza pidió confianza a la población. Negó cualquier intención de aferrarse al cargo y defendió la legalidad de su designación. “Si estoy acá es porque fui elegida por la Junta de Fiscales Supremos, no por votos políticos”, afirmó. Aseguró que seguirá defendiendo la autonomía del Ministerio Público y advirtió que permitir su intervención debilitaría la democracia y la justicia en el país.