La lucha contra la minería ilegal en áreas naturales protegidas dio un nuevo golpe en Madre de Dios. En una intervención realizada en el sector Isla Córdova, dentro de la Reserva Nacional de Tambopata, el Ministerio Público dispuso la destrucción de 24 máquinas fluviales utilizadas para la extracción ilícita de minerales.
La diligencia fue dirigida por el fiscal adjunto provincial Efraín Mendieta Galindo, de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), como parte de las acciones para frenar una de las principales amenazas contra la biodiversidad amazónica.
Golpe a la logística de la minería ilegal
Durante el operativo se destruyeron también 12 motores chinos, 12 bombas de succión, 65 poleas, baterías y aproximadamente 650 galones de combustible, insumos clave que permitían el funcionamiento de las dragas empleadas en la actividad ilegal.
La eliminación de esta infraestructura busca no solo detener la operación inmediata, sino impedir la rápida reactivación de frentes mineros ilegales en una de las zonas más sensibles de la Amazonía peruana, gravemente afectada por la deforestación y la contaminación por mercurio.
Operativo conjunto en área protegida
La intervención fue ejecutada de manera articulada con la Policía Nacional, a través de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), la División contra la Minería Ilegal (Divcomin) y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), además del apoyo del Ejército Peruano y guardaparques del SERNANP.
Tras el hallazgo de los equipos, se dispuso su destrucción inmediata en cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1100, que establece medidas para la interdicción de la minería ilegal en todo el territorio nacional, con énfasis en áreas naturales protegidas.
Presión minera persistente en la Reserva Nacional Tambopata
Inforegión publicó un informe que muestra la situación crítica sostenida en la Reserva Nacional Tambopata. Durante el mes de diciembre un monitoreo satelital detectó 88 alertas de deforestación, que representan 9.5 hectáreas de bosque afectado por actividades mineras.
La presión también se intensifica en la zona de amortiguamiento (ZA) de la reserva, concebida para protegerla de impactos externos. En diciembre se identificaron 114 alertas, equivalentes a 4.11 hectáreas de bosque perdido, lo que evidencia la constante expansión de la minería ilegal hacia espacios estratégicos para la conservación.
A este escenario se suma la concesión minera bloqueada Pedro Claudio Vargas Soto, donde el monitoreo satelital registró 68 alertas de deforestación, que afectan 2.12 hectáreas de cobertura forestal. Pese a su condición de bloqueo, las imágenes muestran actividad reciente sobre el bosque, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la vigilancia y el control.
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