La Contraloría General de la República descubrió anomalías en la gestión y el desarrollo de la Expo Cusco Huancaro 2025. Según la CGR, el comité organizador de la feria del Gobierno Regional Cusco entregó la administración del Campo Ferial de Huancaro a una compañía privada sin el debido proceso.

Esta decisión originó cuestionamientos financieros debido a que los funcionarios carecían de facultades legales para otorgar ese predio público. La empresa privada manejó todos los ingresos comerciales del evento y los supervisores detectaron falta de sustento documentario.

El Informe de Acción de Oficio Posterior número 019-2026-OCI/5337-AOP analizó detalladamente las operaciones entre el 13 de marzo y el 30 de diciembre de 2025. Las autoridades regionales otorgaron una autonomía ilegal a un comité especial porque la normativa del Estado no regula este tipo de figuras. El grupo seleccionó a la firma privada mediante una convocatoria en redes sociales y permitió que los empresarios recaudaran todo el dinero.

La compañía entregó un pago de 250 mil soles al comité mediante una cuenta bancaria abierta presuntamente de manera irregular y sin autorizaciones. Los organizadores gastaron 179 242 soles en publicidad, licencias y permisos, transfiriendo otra parte a los fondos del propio gobierno regional.

Detalle de irregularidades en el gasto de la Expo Cusco Huancaro 2025

Los auditores identificaron movimientos bancarios sospechosos por un saldo de 70 758 soles cuyo destino final nadie acreditó con documentos físicos. Diferentes oficinas del Gobierno Regional Cusco autorizaron además un desembolso adicional de 287 333 soles con el fin de financiar su participación.

Estas acciones vulneraron directamente la Ley número 29151, que es la norma General del Sistema Nacional de Bienes Estatales del país. Esta legislación prohíbe taxativamente la entrega provisional de los predios públicos para el desarrollo de actividades económicas de carácter privado. Además, el comité contrató a la empresa tercerizadora totalmente al margen de las leyes obligatorias de contrataciones que rigen al Estado.

El comité organizador utilizó bases con profundas inconsistencias normativas y evadió por completo los mecanismos oficiales de la contratación pública peruana. Los funcionarios abrieron la cuenta bancaria sin el pedido de la entidad ni el permiso de la Dirección General del Tesoro Público.

Este manejo financiero afectó los reglamentos y los procedimientos explícitos que rigen actualmente el Sistema Nacional de Tesorería del Perú. Por todo esto, la Contraloría recomendó al titular de la entidad el inicio de acciones inmediatas para establecer las responsabilidades respectivas.