Según una investigación, las procesadoras son parte de la cadena productiva de la minería informal e ilegal. En Cusco, principalmente en Chumbivilcas, hay 7 instalaciones en los registros oficiales; en el sur son 83 y a nivel nacional son 357. La mayoría se ubica entre Arequipa, La Libertad, Áncash, Lima e Ica. Para muchos, algunas ayudan a blanquear lo ilegal. La SUNAT anunció controles con puestos de vigilancia y supervisión directa. Pero al no estar registradas todas por el Estado, se dificultará ese trabajo.

Por: José Víctor Salcedo Ccama

Se sospecha que las plantas de beneficio de minerales lavan la producción de mineros informales e ilegales. De acuerdo con el exviceministro de Energía y Minas, Henry Luna Córdova, algunas de estas aparecen como principales productores nacionales.

Beta Dorada es el octavo productor nacional y Paltarumi, el décimo en su primer año de operaciones, según Luna en un seminario en el Colegio de Abogados de Lima. Mencionó también a Laitaruma, Caravelí y Paraíso. “¿A quién le compran el mineral? ¿Lo compran de manera lícita?”, cuestionó el exviceministro en ese seminario, a inicios de septiembre.
Mauricio Pinzás investigó para Cooperacción estas plantas desde la noción de que son el eslabón invisible en la cadena productiva de la minería informal e ilegal.

Hablamos de 357 plantas a nivel nacional: 53 procesan material no metálico y 304, metálico. Estas últimas operan en diecisiete de veinticuatro departamentos, más de la mitad instaladas entre Arequipa, La Libertad, Áncash, Lima e Ica. Según el trabajo de Pinzás, son plantas de beneficio de mineras formales, informales e ilegales. No se cuenta con información para diferenciar unas de otras. Ese trabajo se titula «Las plantas de beneficio, el eslabón invisible en la cadena productiva de la minería informal e ilegal».

El lado invisible

Una planta de beneficio puede pertenecer a una minera formal, como Las Bambas o Antapaccay, y procesar el mineral que esta extrae. O puede ser una que brinda el servicio a un minero artesanal, informal o ilegal. O también puede comprarles a esos mineros su producción minera en bruto para procesarla y comercializarla.

“Funcionan entonces”, señala Pinzás en el estudio publicado este mes, “como actores productivos, promotores y facilitadores que estimulan la expansión de este tipo de actividades”. De paso, se convierten en fuentes de contaminación. Dice Pinzás que usan agentes químicos en sus procesos y generan relaves mineros cargados de metales pesados y otros compuestos tóxicos de alto riesgo.

Ocurre porque, al no ser fiscalizadas o al serlo sin mucho rigor, no suelen cumplir prácticas ni estándares de seguridad ambiental. Ocurre a pesar de que el Estado las tiene registradas y ubicadas a la mayoría, pero no las fiscaliza.

Para Pinzás, cada planta es fuente productora y depósito de relaves mineros. Es un foco de riesgo para la salud y el ambiente. Es un futuro pasivo ambiental. La contaminación que genera, como sucede con efluentes de la actividad minera, puede no ser estática. Según el estudio, si la contención de relaves no es adecuada, se dispersa a través del agua, cuenca abajo, y del aire.

¿El centro de lavado?

Por mucho tiempo, el problema estuvo en la imposibilidad de rastrear toda la cadena de producción minera: desde la extracción y el transporte hasta el procesamiento y la exportación. Desde el OMI se propuso a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, entre otras cosas, que la nueva Ley MAPE mejore el control y fiscalización de esas plantas. «Las plantas de beneficio son un tema clave en este proceso», dijo César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, en un encuentro del OMI en Cusco.

En Perumin 37, la jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de la SUNAT, Marilú Llerena, anunció que empezarán a supervisar esas plantas que acopian material en los territorios con zonas de extracción minera. Será un proceso para fiscalizar y trazar, en lo posible, toda la producción.

Se aplicará un modelo de control inteligente que combine puestos de vigilancia física en zonas de extracción y supervisión directa en las plantas. “Cuando analizamos todo este circuito”, explicó Llerena, “hay un actor clave: las plantas de procesamiento, principalmente las que no están integradas a la extracción. Tenemos más de 350 plantas donde converge la producción de la minería artesanal, informal e ilegal”.

Esos datos se usarán para detectar inconsistencias en la declaración de volúmenes de producción, cruzando la información reportada al Ministerio de Energía y Minas con las estadísticas tributarias. De ese modo se podrán identificar, si las hay, incongruencias entre producción y ventas.

El subregistro de plantas

El investigador Mauricio Pinzás identificó dos bloques geográficos, en el sur y en la costa, donde están mayormente las plantas de beneficio. Uno se sitúa en el sur, con menos plantas, a donde llegan minerales de Junín, Puno, Ayacucho, Pasco y Apurímac.

El de la costa es el bloque más robusto, con más de la mitad de las procesadoras. Abarca Arequipa, La Libertad, Áncash, Lima e Ica. Solo en La Libertad INGEMMET registró 38 plantas, pero, con observación satelital, el investigador detectó otras tantas que no están en el registro oficial.

Entre Nasca (Ica) y Chala (Arequipa) hay instalaciones industriales con pozas de relaves, algunas relativamente grandes y otras que no figuran en los registros oficiales. De acuerdo con Pinzás, a primera vista, no forman parte de explotaciones mineras de mediana o gran escala. Hace ya mucho esta zona es un gran nodo que capta la producción de mineros artesanales, informales e ilegales.

“Un hallazgo importante por resaltar”, explica Pinzás en el estudio, “es que, gracias a la observación satelital, hemos podido descubrir la existencia de un subregistro de la cantidad de plantas de beneficio: existen más en el terreno de lo que la data oficial recoge”.