Un par de semanas después de ser elegida senadora, Ruth Luque Ibarra organizó en Cusco el encuentro «Diálogo ciudadano ¿Hacia dónde va el Perú?». Aquella noche, entre otras cosas, Ibarra mostró su preocupación por el crecimiento de las economías ilícitas.

“En los últimos cinco años hay un crecimiento impresionante de las economías ilícitas que se están conjugando con el poder político. Por eso se aprueban leyes que favorecen a actores que provienen de esos sectores vinculados a economías ilegales”, dijo.

Ibarra precisó que la primera economía ilegal es la minería del oro, seguida de la trata de personas, el tráfico de drogas, la tala ilegal, la extorsión, el contrabando, la pesca ilegal, el tráfico de terrenos, la piratería y el tráfico de flora y fauna. “No estamos hablando de cualquier tipo de economía ilícita”, anotó.

Todo indica que la minería ilegal seguiría siendo la primera economía ilícita porque las autoridades no asumen medidas concretas para enfrentarla y desmontar el ordenamiento legal que está siendo usado para evitar la persecución estatal. Uno de esos instrumentos es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que debería cerrarse el 31 de diciembre próximo.

Sin embargo, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) acordó pedir una ampliación por otros tres años, mientras que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shino, no descartó ampliarlo hasta que se apruebe la nueva Ley MAPE. Varios expertos han señalado que el Reinfo es usado para lavar oro ilegal y proteger actividades ilícitas.

La decisión pasará primero por la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y después por la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado. En ambas comisiones hay congresistas que defendieron la minería informal o mantuvieron reuniones con sus principales gremios. También hay legisladores que rechazan una nueva prórroga.

Para el abogado y especialista del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), César Ipenza, una nueva ampliación mantendría el problema en lugar de resolverlo. El Reinfo, dijo, se convirtió en un mecanismo que permite prolongar la actividad minera sin que sus operadores asuman las consecuencias de sus operaciones. Recordó que el proceso de formalización tiene 24 años y que quienes permanecen en él ya deberían haber cumplido las obligaciones exigidas.

Cuestionó también que se mantenga una exención de responsabilidad penal mientras continúan operando. Advirtió que el Reinfo puede utilizarse para blanquear oro de origen ilegal. Según explicó, no existe un mecanismo para contrastar cuánto mineral produce cada operador con cuánto comercializa o exporta.

Si el Congreso decide ampliar nuevamente el registro, Ipenza planteó que los mineros declaren las coordenadas donde operan y se sometan a fiscalización. Cualquier nuevo plazo, señaló, debería estar acompañado de obligaciones y responsabilidades por los impactos ambientales y sociales que ocasionan.

Comisiones de senadores y diputados

En el Senado, la comisión está presidida por Daniel Barragán, de Obras, quien dijo que antes de decidir una nueva ampliación se debe evaluar la situación y cuestionó los pasos que, según él, dificultan la formalización. Juntos por el Perú (JP) tiene como representantes a José Castillo, Jaime Quito y Joaquín Yauri. Quito votó a favor de la anterior ampliación del Reinfo en el Congreso anterior. Además, legisladores de esta bancada se reunieron recientemente con gremios de mineros informales.

Juver Flores, del Partido del Buen Gobierno, ocupa la vicepresidencia. Ha asesorado a organizaciones mineras en proceso de formalización y mantiene vínculos con mineros informales. Sin embargo, ha dicho que no apoyará otra ampliación.

En el otro extremo está Ruth Luque, de Ahora Nación, crítica del Reinfo hereditario y del predictamen de la Ley MAPE, y con una posición que cuestiona los intentos de flexibilizar la normativa minera.

Fuerza Popular tiene como representantes a Víctor Flores, quien defendió la flexibilización para la minería informal y votó a favor de anteriores ampliaciones del Reinfo. Karla Schaefer se mostró en contra de las prórrogas, mientras Rafael Yamashiro considera que el registro está agotado y debe ser reemplazado por un proceso de formalización real.

Renovación Popular está representada por Absalón Vásquez y Francisco Giampietri, quien rechaza la flexibilización.

En tanto, la Comisión de Energía y Minas de Diputados estará presidida hasta 2027 por Yenifer Paredes, de JP. Raúl Jesús Camargo es vicepresidente y Milagros Santana, secretaria. Sus integrantes suman 18 en total.

Yenifer Paredes se reunió en Lima con representantes de Confemin, uno de los gremios de mineros informales y defensores del Reinfo.

Jesús Pérez, de Apurímac, es pequeño minero y empresario de transporte y llegó al Congreso con el respaldo de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac. Su base minera está en Uchuro, Totora Oropesa.

Marino Lavado, de La Libertad y también de JP, antes de asumir el cargo, propuso expropiar determinadas concesiones y dijo que los mineros debían acceder directamente a ellas.

Por Fuerza Popular, Geanmarco Quezada, de La Libertad, planteó en el Conamin 2026 una «lucha frontal» contra la minería ilegal y su vínculo con organizaciones criminales. A la vez, propuso reducir trabas y tiempos administrativos para proyectos mineros formales y atender las dificultades de los pequeños productores.