La Municipalidad Provincial de Arequipa elevará un informe técnico al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para determinar la validez del incremento del pasaje urbano. Esta decisión surge tras el fracaso de la mesa técnica donde transportistas y sociedad civil no alcanzaron un acuerdo sobre el costo del servicio. El alcalde Víctor Hugo Rivera explicó que, al tratarse de contratos bajo la modalidad de APP, el MEF es la instancia legal que debe avalar la adenda correspondiente para formalizar la nueva tarifa.
Actualmente, el costo del pasaje se mantiene en 1.30 soles mientras se espera el pronunciamiento del ente nacional. La autoridad municipal rechazó la propuesta de retornar a la tarifa de un sol, argumentando que el precio del diésel ha subido más del 75% en los últimos meses. Rivera advirtió que anular los contratos actuales generaría penalidades económicas graves para la ciudad y un estado de «tránsito libre» donde cada transportista cobraría sin control.
Ante el anuncio de nuevas movilizaciones, la alcaldía instó a los dirigentes a presentar propuestas técnicas y no solo reclamos políticos. El burgomaestre aseguró que el proceso busca equilibrar la economía de la población con la sostenibilidad del servicio para evitar el colapso del transporte formal. Por ahora, la tarifa de 1.30 soles es el acuerdo vigente derivado de un proceso de trato directo entre la comuna y los concesionarios.
Población sigue rechazando el alza de precios
Juan Carlos González, representante de la Coordinadora Política Social, señaló que las protestas ciudadanas reflejan el malestar por un incremento que consideran injustificado. El dirigente cuestionó que la municipalidad priorice los acuerdos con los transportistas antes que realizar un proceso de socialización real con las organizaciones de base. Según los gremios sociales, el impacto económico del pasaje a 1.30 soles afecta directamente la canasta básica de las familias arequipeñas, por lo que exigen la nulidad del trato directo.
Sanciones por informalidad y cobros excesivos
La Gerencia de Transportes inició procesos administrativos contra las empresas que elevaron el cobro a 1.50 soles de forma unilateral o abandonaron sus rutas durante las manifestaciones. El alcalde denunció que en zonas como Cayma y San Pedro y San Pablo, transportistas informales cobran hasta 2.30 soles, afectando gravemente al usuario. Se intensificará la fiscalización con apoyo de la Policía para evitar que el sector informal aproveche la coyuntura de las marchas para imponer tarifas arbitrarias.
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