En el 2026, Perú vivirá un año electoral intenso y cargado de incertidumbre. En abril se celebrarán las elecciones generales y apenas seis meses después, en octubre, será el turno de las elecciones regionales y municipales. Dos procesos pegados, en un escenario marcado por la fragmentación política y un Congreso que ha reformado las reglas del juego pensando más en sus intereses que en fortalecer la democracia.
En la última mesa de diálogo de la Red de Medios Regionales, los analistas Paulo Vilca y José Naupari desmenuzaron el panorama. Desde Junín, los periodistas recordaron que la región vive una realidad singular: un gobernador en funciones con aspiraciones nacionales y un exgobernador prófugo, pero aun con influencia política. Historias que se repiten en varias regiones, donde el pragmatismo pesa más que cualquier ideología.
El marco normativo todavía no está cerrado. Hasta octubre de este año, el Congreso puede ajustar reglas para los comicios subnacionales. Y aunque ya no hay tiempo para eliminar los movimientos regionales —una intención que se cayó por falta de plazos constitucionales—, sí se les ha complicado la vida: ahora deben obtener al menos 8% de votos en la elección regional para no desaparecer.
Vilca advirtió que la convivencia de partidos nacionales y movimientos regionales aumentará la dispersión de candidaturas. “En las elecciones subnacionales, los políticos regionales han sido los grandes protagonistas desde 2006. Esta vez, además, el proceso coincidirá con las presidenciales, algo que no pasaba hace veinte años”, señaló. Entre los nombres que podrían disputar la presidencia, mencionó a figuras con base regional como Yonhy Lescano, Vicente Alanoca o Arturo Fernández.
La política local, explicó, se mueve con lógicas distintas a las nacionales: “Aquí nadie pregunta si un candidato es de izquierda o derecha. Importa quién es, qué redes tiene y qué tanto lo conocen”. Naupari coincidió: la etiqueta partidaria pesa poco, y la decisión suele ser personalista.
La reforma legislativa ha flexibilizado exigencias para que partidos y movimientos presenten listas. Ahora pueden participar con menos candidaturas provinciales y ya no se exige paridad horizontal. Además, se ha abierto la puerta para designar candidatos a dedo para alcaldías y gobiernos regionales, eliminando la obligatoriedad de primarias en muchos casos.
Sobre la representación, Vilca fue claro: el problema no es solo de votantes, sino de oferta política. “El Congreso ha legislado pensando en mejorar sus condiciones de competencia, no en el interés general. Y sin mecanismos reales de rendición de cuentas, la legitimidad está en crisis”.
El financiamiento electoral también genera dudas. Naupari recordó que ahora una persona puede aportar hasta 200 UIT por año a un partido y que las empresas volvieron a estar autorizadas a financiar campañas, sin restricciones claras para evitar conflictos de interés.
En este contexto, las alianzas electorales tampoco parecen la solución mágica contra la fragmentación. Según estudios del Instituto de Estudios Peruanos citados por Vilca, ninguna de las trece alianzas formadas entre 2001 y 2016 llegó a segunda vuelta, y muchas se disolvieron rápidamente después de las elecciones.
Pese a todo, ambos expertos ven un resquicio de esperanza. Naupari apuesta porque los ciudadanos elijan con más responsabilidad y miren la trayectoria personal, no solo los antecedentes penales. Vilca recuerda que el electorado peruano suele castigar a sus autoridades en las urnas: “La pregunta es cómo y hacia quién se dirigirá ese castigo en 2026”.
Lo cierto es que, con reglas hechas a la medida de quienes las aprueban y con un sistema político fragmentado, el próximo año pondrá a prueba la capacidad de los votantes para sortear el ruido, la propaganda y las viejas mañas de siempre. Porque en las regiones, como en todo el país, el reto no es solo elegir, sino elegir bien.
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