La empresa Libmar S.A.C. informó que cubrirá todos los costos relacionados con el traslado, velorio y sepelio de los 13 agentes de seguridad asesinados el 26 de abril en Pataz, La Libertad. Los trabajadores victimados brindaban servicios de resguardo a mineros artesanales de esta empresa cuando fueron emboscados y ejecutados por una organización criminal dirigida por un sujeto identificado como “Cuchillo”.

Los atacantes no solo asesinaron a los trabajadores, sino que también los torturaron. Ante ello, Libmar denunció el hecho como un crimen grave y pidió respuestas claras a las autoridades. La empresa expresó su pesar por lo ocurrido, pero también exigió acciones concretas frente a la violencia que afecta a quienes laboran en actividades mineras legales.

Las víctimas trabajaban en concesiones de la Compañía Minera Poderosa S.A., bajo un contrato formal con Libmar. El ataque evidenció la falta de garantías mínimas de seguridad en zonas donde operan mafias vinculadas a la minería ilegal. «Dichos trabajadores de resguardo se encontraban prestando servicios de seguridad a los mineros artesanales de Libmar S.A.C., quien realiza trabajos mineros en concesiones de titularidad de Compañía Minera Poderosa S.A. al amparo del contrato vigente de exploración y explotación suscrito con Compañía Minera Poderosa S.A.», explicaron en el comunicado.

Libmar ha solicitado públicamente a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior que tomen medidas inmediatas. Exige que se refuercen las políticas de seguridad en zonas mineras, no con discursos, sino con operativos reales que enfrenten a los grupos armados que actúan sin control en estas regiones. «Cumplan con su obligación impostergable de implementar políticas eficientes destinadas a prevenir actos criminales que atentan contra la vida de las personas, su seguridad, el orden interno, el orden público, la seguridad y la paz social», agrega el comunicado.

La empresa afirmó que continuará operando dentro del marco legal, apoyando la formalización de la minería artesanal. Sin embargo, advirtió que sin una intervención estatal efectiva, la violencia seguirá afectando a quienes intentan trabajar legalmente. El caso de Pataz evidencia la urgencia de una estrategia integral contra la criminalidad en el sector minero.

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