El abogado destacó que la situación actual refleja lo que suele suceder cuando un caso inicia con irregularidades. “Lo que mal anda, mal acaba”, expresó, señalando que decisiones previas han sido cuestionadas por el Tribunal Constitucional y la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Estas instancias han ordenado revisiones profundas, incluyendo un control adecuado de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Argumentos de la defensa en el caso cócteles y lavado de activos

Abanto subrayó que el proceso enfrenta problemas fundamentales. Citó ejemplos específicos, como la acusación de falsedad en declaración administrativa de 2011, que debería haber prescrito en 2025. Sin embargo, este cargo sigue formando parte de las imputaciones, lo que para él representa una vulneración al debido proceso.

Desde Cusco, el abogado de Fuerza Popular también abordó el núcleo de la acusación: el supuesto lavado de activos. Explicó que este delito implica el ingreso de dinero ilícito al sistema financiero. No obstante, cuestionó las evidencias presentadas, mencionando que no existe prueba sólida de que fondos provenientes de empresas como Credicorp o de figuras como Rasmus hayan sido de origen delictivo. “Usar dinero en efectivo no constituye un delito por sí mismo”, afirmó, argumentando que la legislación permite el uso de efectivo dentro de ciertos parámetros.

Abanto rechazó la idea de criminalizar aportes privados a partidos políticos. Según su análisis, restringir las contribuciones privadas podría dejar a las organizaciones políticas a merced del poder estatal, debilitando la autonomía democrática. También señaló lo que considera una fuerte influencia de la “izquierda caviar” en medios y órganos de justicia, lo que, en su opinión, ha sesgado el tratamiento del caso.

Alistan demanda contra fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela

El equipo de defensa planea presentar acciones legales contra miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial. Según Abanto, se han cometido infracciones graves según la Ley de Carrera Judicial y la Ley de Carrera Fiscal. Estas medidas buscan corregir lo que el abogado considera un uso indebido del sistema judicial para fines políticos.

La próxima semana será crucial, ya que los abogados tienen previsto formalizar sus denuncias. Mientras tanto, el caso cócteles y lavado de activos sigue siendo un tema de intenso debate nacional, poniendo en tela de juicio los límites entre justicia, política y legalidad.