Un operativo sorpresa sacudió las bases de la Policía Nacional del Perú, luego que el 29 de abril, en Cusco, un supuesto caso de lavado de activos terminó en robo agravado involucrando a policías en actividad, civiles con chalecos oficiales y trabajadoras bancarias. El botín: más de 543 mil dólares.

El hecho comenzó con el retiro del dinero por José Miguel Alvarado Leonardo. Él representaba a una empresa privada minera, investigada por lavado de activos. Apenas salió de la agencia del BBVA, un grupo de personas lo interceptó. Usaron violencia, armas de fuego y vehículos encubiertos. También llevaban chalecos con el distintivo de la PNP.

Quien apuntó a la víctima fue Rony Gutiérrez Dábalos. Lo acompañaron Fred Parreño Cisneros, Luis Walter Chávez Jaime y Gino Ortega Mamani. Presuntamente, todos fingieron una intervención legal. A pocos metros del banco, redujeron al portador del dinero sin levantar sospechas.

También participaron policías identificados como Óscar Guaita Puma, José Peralta Peñalosa, Roger Azabache Hurtado, Denis Yancay Mesco y Junior Capche Espinoza. Todos pertenecen a la comisaría de Huanchaca, Puno.

Robo agravado en Cusco incluye colaboración bancaria y de policías

Las investigaciones revelaron el papel clave de dos trabajadoras del BBVA: Kiara Fernanda Chacón Araos, jefa de operaciones, y Quilla Julia Navarrete Pérez, cajera. Ambas alertaron al grupo criminal del momento exacto en que el dinero saldría del banco. Así pudieron interceptar al portador sin errores.

Luego del robo, los implicados forzaron a las víctimas a subir a un vehículo Kia Sportage azul oscuro. Ahí se apropiaron de 223,966 dólares en efectivo. Después los trasladaron a la comisaría. Allí simularon una intervención oficial por lavado de activos reportando sólo parte del dinero interceptado. El acta policial habría sido manipulada para ocultar a los autores reales.

El documento omitió la participación de agentes de Juliaca y el uso de vehículos no oficiales. Esa omisión, sumada a la complicidad interna, activó las alarmas en el Ministerio Público. La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) tomó el caso.

Actualmente, más de 13 personas enfrentan investigación formal. Entre ellas se encuentran Michael Gutiérrez Dábalos, Josy Verónica Cahuana Quispe, Heidi Julisa Lusa Villaruel, y otros miembros de la unidad de inteligencia de Juliaca. Todos actuaron coordinadamente en Cusco.

El traslado de los policías hacia Juliaca ocurrió esa misma noche. Usaron los mismos vehículos, pasaron por el peaje de La Raya y desaparecieron sin dejar rastro.

El Ministerio Público y la DIVIAC investigan delitos como robo agravado, lavado de activos, falsedad genérica, suplantación y omisión de funciones. Cada acto fue documentado en actas y grabaciones de cámaras de seguridad.

Este caso ha encendido las alertas en la región. La presunta red criminal policial operó con acceso a información privilegiada, recursos públicos y apoyo interno. Sin embargo, la investigación avanza sin mostrar tolerancia.

La cúpula policial en Cusco ha reconocido que no existirá protección para los implicados. Las declaraciones oficiales indican que el caso se originó con una sospecha de lavado de activos. Sin embargo, terminó revelando una operación criminal compleja y perfectamente ejecutada.

Este hecho expone una peligrosa estructura dentro del sistema policial y bancario. El daño institucional se profundiza en medio de la indignación ciudadana.