La justicia peruana ha tomado una decisión crucial en el caso de Zoraida Ávalos, marcando un precedente significativo en la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos. La Tercera Sala Constitucional ha declarado fundada la demanda de Ávalos, ordenando su reincorporación como fiscal suprema.

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La resolución legislativa que había inhabilitado a Ávalos de sus funciones públicas ha sido parcialmente revocada, permitiendo su retorno a la Junta de Fiscales Supremos. Este fallo subraya la importancia de garantizar el respeto a los derechos fundamentales, incluso frente a las acciones del Congreso.

La voz de Zoraida Ávalos

Tras la decisión judicial, Ávalos expresó su satisfacción y gratitud hacia el Poder Judicial por su autonomía e independencia. Su mensaje en las redes sociales, “Estoy de vuelta”, refleja su resiliencia y compromiso con la justicia. En conversaciones con RPP, Ávalos enfatizó que su inhabilitación nunca respetó sus derechos fundamentales y acusó al Congreso de sancionarla basándose en artículos abstractos.

#JUSTICIA | ESTOY DE VUELTA

𝑴𝒊𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒎𝒂𝒔 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒕𝒐𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂, 𝒎𝒂𝒔 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆 𝒆𝒔 𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒏𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒐𝒍 𝒂𝒍 𝒂𝒎𝒂𝒏𝒆𝒄𝒆𝒓…#Poderjudicial #Urgente #Importante #UltimoMinuto #RT #Ministeriopublico pic.twitter.com/oUgeFFGQlb

— Zoraida Ávalos Rivera (@zavalosr) May 14, 2024

Ávalos ha comunicado que su reposición es inmediata y está a la espera de la notificación oficial, que se espera para el 15 de mayo como máximo. Este acontecimiento es un testimonio de la fortaleza del sistema judicial peruano y su capacidad para corregir errores.

Repercusiones políticas

El caso de Ávalos ha tenido un impacto político considerable. La decisión del Congreso de inhabilitar a Ávalos, que contó con una mayoría significativa, ha sido cuestionada y ahora se ve contrarrestada por el fallo judicial.

La reincorporación de Zoraida Ávalos simboliza una victoria para la justicia y la integridad del sistema legal en Perú. Este caso resalta la necesidad de un equilibrio entre el control político y el respeto a los derechos individuales, un equilibrio que debe ser mantenido para asegurar la confianza en las instituciones públicas.

El último 3 de mayo, Zoraida Ávalos indicó que “ha quedado demostrado cómo fue tramitada su inhabilitación» tras un pacto mafioso entre el Congreso y Patricia Benavides, en el marco de las indagaciones por la presunta red criminal que lideraría la suspendida fiscal de la Nación.

“Fue un pacto mafioso: cómo mi cabeza tuvo precio y cómo para ellos era cuestión de vida o muerte sacarme. Me sentiré totalmente reivindicada cuando logre mi ingreso porque yo no he cometido infracción constitucional ni tampoco delito”, expusó Ávalos.