La Fiscalía solicitó 5 años, 7 meses y 19 días de prisión efectiva para el alcalde provincial de Huancayo, Dennys Mercurio Cuba Rivera, por el presunto delito de usurpación agravada en perjuicio del Terminal Terrestre de Huancayo S.A. y de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
El fiscal Herik Henry Gonzales Rivera también requirió la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo contra el alcalde y cinco funcionarios de su gestión al considerar que aprovecharon sus cargos para ejecutar la toma de control del terminal.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo admitió a trámite la acusación directa y convocó a los implicados a la audiencia de control de acusación que se realizará el 29 de abril de 2026 a las 3:00 p.m. de forma virtual, en la cual el juez evaluará si el caso pasa a juicio oral.
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Los imputados
La acusación incluye como coautores al exgerente municipal Cristian Velita Espinoza, a la exasesora legal Noemí Esther León Vivas, al gerente de administración Walter Jaime Landa León, al exsubgerente de tesorería Harold Klinton Meza Espinoza y a Raúl Claros Barrionuevo a quienes la fiscalía atribuye participación directa en los hechos.
El juez Rafael Agustín Herrera Rivas dictó comparecencia simple para todos los acusados, lo que los obliga a asistir a cada citación judicial bajo apercibimiento de ser conducidos por la Policía en caso de incumplimiento.
Las defensas cuentan ahora con un plazo de diez días hábiles para presentar observaciones a la acusación, plantear excepciones o incorporar pruebas de descargo con miras a la eventual etapa de juicio oral donde se definirá la responsabilidad penal de los implicados.
Recuperación del terminal
La disputa por el control del Terminal Terrestre de Huancayo se remonta a marzo de 2024, cuando la Municipalidad Provincial ejecutó la toma de posesión de las instalaciones tras más de dos décadas de administración privada en manos de una empresa concesionaria, que operaba el servicio desde inicios de los años 2000.
La continuidad de esa concesión quedó en entredicho por cuestionamientos legales y administrativos que derivaron en un conflicto abierto entre ambas partes, luego de que la gestión edil defendiera la recuperación del bien como una medida de interés público, mientras la empresa denunció un despojo arbitrario que hoy forma parte del núcleo de la acusación fiscal por usurpación agravada.
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