El Ministerio Público descubrió nuevas evidencias que amplían el número de responsables en la compra irregular de maquinaria pesada para Puno, revelando un círculo más extenso de autoridades involucradas en este escándalo que compromete diez millones de soles públicos.

Orlando Fernández Sejje, expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, confirmó que los fiscales hallaron indicios adicionales. Estas pruebas sugieren una participación más amplia de funcionarios en la adquisición de equipos que presenta múltiples inconsistencias desde su inicio.

La transacción involucra veintiuna excavadoras y seis martillos hidráulicos cuyo costo total alcanzó aproximadamente diez millones de soles. El proceso de compra exhibe graves irregularidades que han llamado la atención de las autoridades de control y del Ministerio Público.

Fernández Sejje lamentó que esta considerable cantidad de recursos no se destinara a resolver problemas urgentes de la población. Sostuvo que estos fondos pudieron haberse utilizado para fortalecer la seguridad ciudadana o atender otras necesidades apremiantes de la región.

La Contraloría General de la República ya había identificado múltiples observaciones en su informe inicial. Este documento técnico respaldó las sospechas sobre la falta de transparencia en todo el procedimiento de adquisición, generando alertas sobre posibles irregularidades administrativas.

Una de las principales anomalías detectadas fue la significativa diferencia entre las propuestas económicas presentadas. Las bases técnicas de la licitación habrían sido vulneradas en este aspecto fundamental, según lo manifestado por Fernández Sejje ante las autoridades correspondientes.

Durante el concurso público, un postor fue supuestamente descalificado por incumplir las reglas establecidas. No obstante, la Contraloría opinó que este participante debió mantenerse en competencia hasta concluir completamente el proceso de evaluación técnica y económica.

Los auditores también identificaron incompatibilidad entre los martillos hidráulicos adquiridos y las excavadoras correspondientes. Esta situación técnica podría comprometer seriamente la operatividad del equipo y generar gastos adicionales innecesarios para el gobierno regional de Puno.

Las especificaciones técnicas del proceso exigían la participación de un profesional mecánico especializado en el equipo técnico. La empresa adjudicataria presentó documentos de un electricista para cumplir con este requisito específico, violando aparentemente los términos establecidos.

Estos elementos, según Fernández Sejje, evidencian un posible direccionamiento deliberado en la adjudicación del contrato público. Se presume que existió un trato preferencial hacia la empresa que finalmente obtuvo la buena pro en esta polémica licitación.

La solidez de los indicios presentados hace prever posibles sentencias judiciales en el futuro cercano. Las consecuencias legales podrían alcanzar al gobernador regional, al gerente de administración y a diversos funcionarios que participaron directamente en este proceso.

El Consejo Regional mantuvo, según la percepción de Fernández Sejje, una postura de total inacción frente a este grave asunto. Esta pasividad fue interpretada por el exdirigente como una forma de complicidad con la evidente sobrevaloración de los equipos.

Solamente el consejero Abad Vizcarra, representante de la provincia de Chucuito, brindó su apoyo decidido a la querella interpuesta. Su postura, sin embargo, se encontró completamente aislada frente a la mayoría de integrantes del cuerpo colegiado regional.

El congresista Elvis Vergara Mendoza, presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, visitará próximamente la región. En esa ocasión, recibirá un documento detallado con toda la información recopilada sobre este sonado caso de presunta corrupción.

Durante la misma reunión parlamentaria, se informará al congresista sobre otras problemáticas urgentes que afectan a Puno. Entre estos temas figuran la escasez de agua potable en Juliaca y los trágicos acontecimientos ocurridos el nueve de enero.

Fernández Sejje expresó reservas sobre la autoridad moral del congresista para ejercer labores de fiscalización efectiva. Recordó que el propio parlamentario enfrenta un historial de graves imputaciones legales que cuestionan su idoneidad para esta función.

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