El Ministerio Público también destruyó maquinaria y decomisó equipos de extracción que se encontraban en el cauce de un río. El caso ocurre en un contexto de expansión de la minería ilegal e informal en el país, mientras el Estado no asume medidas más claras para enfrentarla.
Muchas comunidades de Paucartambo se ven obligadas a convivir con actividades de minería ilegal a medida que esta actividad sigue expandiéndose en el país. No obstante, algunas comunidades ya no solo conviven con ella, sino que también terminan apoyándola.
En ese contexto, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cusco investiga por minería ilegal agravada a 14 personas detenidas durante un operativo realizado el 15 de julio en el sector Umana, provincia de Paucartambo.
El Ministerio Público declaró complejo el proceso debido al número de investigados y a las pericias técnicas necesarias para determinar la magnitud del daño ambiental ocasionado en el cauce del río donde operaban los mineros.
Durante la intervención, las autoridades capturaron en flagrancia a 14 adultos y dos adolescentes de 17 años mientras realizaban labores de extracción y procesamiento de oro en el cauce natural del río, sin autorización y sin inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Los menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Familia, mientras que los adultos permanecen bajo investigación con las garantías del debido proceso.
De acuerdo con la Fiscalía, los intervenidos actuaban con una importante capacidad logística. Utilizaban maquinaria pesada para excavar, desviar el curso del río, remover grandes volúmenes de material y acumular desmontes, alterando la morfología del ecosistema fluvial.
Estas actividades, según el Ministerio Público, generan un alto riesgo de degradación ambiental y afectan de manera directa el hábitat de especies hidrobiológicas.
Incautan maquinaria y explosivos usadas para minería ilegal en Paucartambo
Durante el operativo, las autoridades incautaron seis máquinas pesadas, nueve volquetes, veintiséis motocicletas, herramientas utilizadas en la actividad minera y material explosivo. Además, cuatro vehículos Volvo fueron trasladados a la Fiscalía de Extinción de Dominio para evaluar su posible decomiso definitivo.
El fiscal provincial Alain Alberto Miranda Solís señaló que la investigación requerirá pericias especializadas para establecer el impacto ambiental y la responsabilidad penal de los involucrados.
Aparece un nuevo fenómeno
Este caso se conoce en medio del avance de la minería ilegal e informal en todo el país
Hace unos días, en Nueva Esperanza, distrito de Puños (Huánuco), unas 50 personas atacaron a efectivos policiales que participaban en el operativo «Impacto–2026«, destinado a destruir un campamento de minería ilegal instalado en la ribera del río Marañón.
Un hecho similar ocurrió en Hualgayoc (Cajamarca), donde cerca de 80 personas irrumpieron en una comisaría para liberar a siete detenidos vinculados con actividades de minería ilegal que acababan de recibir siete meses de prisión preventiva.
Para los especialistas consultados, estos episodios reflejan que la minería ilegal empieza a construir una base social de apoyo en algunos territorios. ¿Por qué algunas comunidades terminan respaldando esta actividad?
Dante Vera, especialista de V&C Analistas, sostiene que el incremento sostenido del precio del oro y del cobre convirtió a la minería en una actividad mucho más rentable que la agricultura. A ello se suma la crisis de la producción campesina, que ya no garantiza ingresos suficientes para muchas familias rurales.
Edwin Guzmán, especialista de Labor para el Desarrollo, considera que el avance de la minería ilegal también responde a la ausencia del Estado. «La falta de servicios públicos, empleo y oportunidades hace que muchas comunidades vean en la minería una alternativa económica», explica.
Según ambos especialistas, las comunidades también depositan sobre la minería expectativas que el Estado no ha podido satisfacer: empleo permanente, infraestructura, mercados para sus productos y mejores condiciones de vida.
Vera sostiene que muchas comunidades llegaron a la conclusión de que, si la agricultura dejó de ser suficiente, debían explotar directamente los recursos minerales existentes en sus territorios.
Guzmán añade que alrededor de la minería ilegal también surgen actividades económicas que terminan involucrando a otros sectores de la población, lo que genera dependencia de estas economías.
El Reinfo y los desafíos del Estado
Para Vera, uno de los principales factores que favorecieron la expansión de la minería ilegal es el uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Señala que, aunque explotar una concesión ajena constituye un delito, quienes cuentan con un Reinfo obtienen una protección temporal que dificulta la persecución penal.
«El Reinfo terminó convirtiéndose en un escudo para muchos mineros que trabajan en concesiones de terceros», advierte.
Además, Guzmán señala que estos territorios también favorecen otros delitos, como el tráfico de explosivos, la trata de personas y distintas formas de violencia vinculadas a las economías ilegales.
Ambos especialistas coinciden en que la respuesta del Estado no puede limitarse a las operaciones policiales. Consideran necesario fortalecer la presencia estatal, cerrar las brechas de servicios públicos, replantear el proceso de formalización minera y perseguir a quienes controlan la cadena de comercialización del oro ilegal.
De lo contrario, advierte Guzmán, el país corre el riesgo de consolidar «territorios liberados», donde predominen las economías ilegales y disminuya la capacidad estatal para ejercer autoridad.