La Fiscalía solicitó 5 años, 7 meses y 19 días de prisión efectiva para el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, y otros cinco investigados por la presunta usurpación agravada del Terminal Terrestre de Huancayo. También pidió que se les prohíba ejercer cargos públicos durante el mismo periodo.
Junto al alcalde están comprendidos Noemí Esther León Vivas, exasesora legal; Harold Klinton Meza Espinoza, exsubgerente de Tesorería; Walter Jaime Landa León, exgerente de Administración; Cristhian Enrique Velita Espinoza, exgerente municipal; y Raúl Arquímedes Claros Barrionuevo, quien se desempeñaba como gerente de Tránsito y Transportes.
Audiencia es este viernes
El 20 de agosto de 2026, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo realizó una audiencia de control de acusación y fijó una nueva fecha para el viernes 30 de octubre, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
En esta etapa, el juzgado revisa la acusación fiscal y los cuestionamientos de las defensas antes de decidir si el caso pasa a juicio oral.
¿Cómo ocurrió la toma del terminal?
Los hechos se remontan a la noche del 9 de marzo de 2024. Según la acusación del fiscal Herik Henry Gonzales Rivera, del Tercer Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, el alcalde y varios funcionarios municipales ingresaron al terminal acompañados de un numeroso grupo de personas para tomar el control de las instalaciones. Argumentaron que el contrato de concesión había vencido.
Durante el ingreso se produjeron empujones, movimiento de bancas y rotura de candados. Según la Fiscalía, los trabajadores de la empresa concesionaria terminaron retirándose por temor y porque no podían controlar la situación.
El día que la Municipalidad Provincial de Huancayo asumió el control del Terminal Terrestre, hecho que difundió en sus redes sociales.
El conflicto ocurrió pese a que, de acuerdo con la Fiscalía, un laudo arbitral emitido el 8 de marzo de 2024 había dispuesto ampliar por diez años la concesión de Terminal Terrestre de Huancayo S. A., empresa que administraba el recinto desde 2004.
Para la Fiscalía, los seis investigados habrían actuado en conjunto y aprovechado sus cargos públicos para tomar el control del terminal. Como parte de sus pruebas, presentó testimonios, documentos sobre la concesión y el arbitraje, actas policiales y registros audiovisuales.
El pedido de prisión se sustenta en la presunta comisión del delito de usurpación agravada. Sin embargo, la defensa municipal sostiene que la intervención fue pacífica y que las autoridades actuaron para recuperar un bien público que, ahora, es administrado por la Municipalidad Provincial de Huancayo.
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