El gerente municipal de Huancayo, Joshelim Meza León, negó que la recuperación del Terminal Terrestre de Huancayo haya implicado violencia y aseguró que ese elemento resulta indispensable para configurar el delito de usurpación agravada que la fiscalía atribuye al alcalde Dennys Cuba Rivera y a su equipo.
El funcionario sostuvo que la comitiva municipal ingresó de forma pacífica al recinto en horas de la madrugada acompañada por efectivos policiales y afirmó que no se registraron agresiones, empujones ni actos de fuerza contra los trabajadores de la empresa concesionaria, quienes —según indicó— se retiraron voluntariamente del lugar.
Meza León cuestionó la denuncia presentada por la empresa y afirmó que no existen pruebas que acrediten el supuesto uso de violencia y remarcó que la municipalidad actuó tras el vencimiento del contrato de concesión en resguardo de un bien público.
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La defensa municipal añadió que al momento de asumir el control encontraron un local en condiciones precarias, sin mobiliario, sin cámaras de seguridad y con servicios inoperativos, y reiteró que el laudo arbitral que extendía la concesión fue declarado inejecutable por el Poder Judicial.
Acusación fiscal
El Ministerio Público mantiene un pedido de 5 años, 7 meses y 19 días de prisión efectiva contra el alcalde y cinco exfuncionarios y funcionarios municipales, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. Acusa a los implicados de haber tomado control del terminal abusando de su función pública.
El caso se remonta a la madrugada del 10 de marzo de 2024, cuando la Municipalidad Provincial de Huancayo asumió el control del terminal terrestre tras el vencimiento de la concesión de 20 años otorgada a la empresa Ter Huancayo S.A. pese a la existencia de un laudo arbitral que extendía el contrato hasta el año 2034.
Esa intervención derivó en un conflicto legal entre ambas partes luego de que la concesionaria denunciara al alcalde y a sus funcionarios por usurpación agravada al considerar que la comuna desconoció una decisión arbitral vigente y tomó posesión del bien en disputa.
Juez reprograma audiencia
En paralelo, el juez Rafael Herrera Rivas reprogramó la audiencia de control de acusación prevista para este 29 de abril luego de advertir cuestionamientos sobre la notificación a uno de los acusados.
Con el fin de garantizar el derecho de defensa, el magistrado fijó como nueva fecha el lunes 15 de junio de 2026 a las 4:30 de la tarde y precisó que la reprogramación permitirá a una de las defensas revisar con mayor detalle la acusación fiscal y sus elementos de convicción sin retrotraer los plazos procesales ya vencidos.
Los imputados
La acusación incluye como coautores al exgerente municipal Cristhian Velita Espinoza, a la exasesora legal Noemí Esther León Vivas, al actual gerente de administración Walter Jaime Landa León, al exsubgerente de tesorería Harold Klinton Meza Espinoza y al exgerente de Tránsito y Transportes, Raúl Claros Barrionuevo, a quienes la fiscalía atribuye participación directa en los hechos.
El juez Rafael Agustín Herrera Rivas dictó comparecencia simple para todos los acusados, lo que los obliga a asistir a cada citación judicial bajo apercibimiento de ser conducidos por la Policía en caso de incumplimiento.
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