Desde hace más de veinte años, la minería ilegal en Perú ha crecido sin control. Esta actividad comenzó a expandirse en 2003 y hoy representa una amenaza para el país. Genera miles de millones de dólares, contamina la Amazonía y destruye comunidades. Además, se vincula con delitos como sicariato, extorsión, trata de personas y corrupción.
En 2014, la minería ilegal alcanzó un auge inesperado. En 2018, la producción de oro llegó a su punto más alto. Luego, en 2023, se registró el mayor valor de comercialización. Ese año, el precio del oro superó los 3,200 dólares por onza. Los márgenes de ganancia aumentaron mientras los presupuestos públicos para combatir esta actividad se redujeron.
Entre 2019 y 2024, el presupuesto estatal para enfrentar la minería ilegal cayó de 121 millones de soles a 89 millones. Martín Arana, experto de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, comparó esa situación con “matar dragones con matamoscas”.
Arana presentó un análisis de 16 estudios realizados entre 2003 y 2023. Calculó que la producción mínima de oro ilegal fue de 475.83 toneladas. Esa cantidad generó más de 23 mil millones de dólares. En el escenario máximo, se produjeron 3,620.09 toneladas, que movieron más de 165 mil millones de dólares.
Minería ilegal en Perú: sin datos, sin estrategia
El Estado no tiene información suficiente para enfrentar esta actividad. No cuenta con un sistema de monitoreo que permita tomar decisiones. Arana considera que esta ausencia de indicadores impide construir políticas públicas eficientes.
Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías para la Conservación en ACCA, propuso crear un sistema similar al que existe para controlar la hoja de coca. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Sunat deberían integrar ese sistema, según su propuesta.
Por su parte, Dante Vera, fundador de V&C Analistas, pidió un censo nacional de mineros. Para él, es imposible actuar sin saber cuántas personas están involucradas, dónde trabajan y cómo operan.
Mientras tanto, la violencia no se detiene. En marzo, un caso estremeció a la opinión pública: el secuestro y asesinato de 13 trabajadores en Pataz, La Libertad. Las víctimas fueron torturadas y ejecutadas.
Frank Almanza, fiscal coordinador de las Fiscalías de Medio Ambiente, advirtió que existen al menos diez zonas con riesgos similares. En esas áreas, si no se actúa pronto, pueden ocurrir tragedias como la de Pataz.
Almanza reconoció que las condenas por minería ilegal siguen siendo escasas. Aunque aumentan las denuncias, las normas vigentes dificultan los juicios. Por ejemplo, la minería ilegal no califica como crimen organizado. Las penas no superan los cinco años, y la ley exige más para ese tipo de investigaciones.
Además, el fiscal explicó que extraer oro sin autorización es ilegal. Sin embargo, transportar o vender ese oro no constituye un delito. Eso deja huecos legales enormes que los grupos ilegales aprovechan.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) también representa una traba. Los mineros informales inscritos en ese registro no pueden ser denunciados penalmente. Para Almanza, ese sistema se ha convertido en un “escudo protector” que bloquea las acciones legales.
La minería ilegal en Perú no solo enriquece a unos pocos. También arrasa bosques, envenena ríos con mercurio y deja sin herramientas a fiscales y autoridades. Los datos muestran el crecimiento del problema. Pero, hasta ahora, el país no cuenta con una respuesta clara ni eficaz.