En Nasca, el fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, Hugo Ricardo Umiña Cruz, se encuentra bajo cuestionamiento por sus decisiones contradictorias en casos de tenencia de explosivos. La polémica surge a raíz de dos incidentes recientes que han puesto en tela de juicio la coherencia de sus acciones judiciales.
El primero de estos casos involucra a Michael Rubén Chuzón Suclupe, de 32 años, quien fue detenido en el kilómetro 4 de la vía Interoceánica mientras transportaba cuatro rollos de mecha lenta y dos cajas de fulminantes. Chuzón Suclupe, un conductor de la ruta Puquio-Nasca, alegó que los explosivos no eran de su propiedad y que simplemente los estaba transportando como un favor para un conocido. Pese a sus declaraciones, el fiscal Umiña Cruz lo acusó de fabricación o tenencia ilegal de explosivos y solicitó prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.
Beneficia a peces gordos en Nasca
En contraste, pocos días antes, la policía detuvo a Jhon Fernando Luque Gutiérrez, Daniel Paredes Curro y Jorge Emilio Huamaní Oscco con un cargamento mucho mayor de 350 cajas de mecha lenta. Sin embargo, en este caso, el fiscal decidió liberar a los tres sujetos argumentando que «no se cuentan con suficientes elementos de convicción que acrediten la realidad del delito». Según Umiña Cruz, no se pudo determinar la operatividad de los materiales explosivos, lo cual impidió que se dicte la prisión preventiva.
-
Recomendados:
- Gato andino reaparece en Argentina: alianza entre científicos, comunidades y ganaderos abre una ruta de esperanza
- Redes privadas 5G: la infraestructura que impulsa la transformación digital de las industrias
- Paola Moreno-Roman: la científica quechua que lleva microscopios de papel a escuelas rurales de Perú
La liberación de los tres detenidos con el cargamento de 350 cajas de mecha lenta ha generado preocupación y críticas, especialmente entre los pequeños mineros informales de la región, quienes se sienten injustamente perseguidos. El fiscal explicó que, además de la falta de pruebas concluyentes sobre la funcionalidad de los explosivos, se había llegado a un acuerdo de terminación anticipada, lo que consideró que hacía desproporcionado solicitar prisión preventiva.
Estas decisiones dispares cuestionan la coherencia y la equidad en la aplicación de la justicia por parte del fiscal Umiña Cruz, con voces críticas que denuncian un trato diferenciado entre los llamados «peces gordos» y los pequeños mineros informales.
Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA