En un giro sorprendente de los acontecimientos políticos en la región Ica, la vicegobernadora regional, Luz Canales Trillo, se encuentra bajo una intensa presión legal después de que la Fiscalía abriera una investigación preliminar en su contra.
La denuncia, interpuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), acusa a Canales Trillo del delito contra la Fe Pública en la modalidad de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo, relacionado con su declaración jurada de bienes y rentas presentada durante su inscripción como candidata a la gobernación regional de Ica.
La denuncia se centra en la aparente falsa declaración de ingresos y bienes por parte de Canales Trillo en su declaración jurada correspondiente al año 2019.
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Según el JNE, la vicegobernadora afirmó no tener ingresos que declarar en ese año, a pesar de que la investigación reveló que había trabajado en el Gobierno Regional de Ica hasta enero de 2019 y también para la empresa EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C durante el mismo año. Estas discrepancias entre la declaración jurada y los registros laborales llevaron a la apertura de la investigación.
La fiscalía ha actuado rápidamente en este asunto, programando la declaración de Luz Canales Trillo en su despacho fiscal para el 2 de octubre de 2023 a las 11:00 horas. Se ha advertido a la vicegobernadora que su inasistencia injustificada resultaría en su conducción compulsiva por parte de la Policía Nacional, de acuerdo con el artículo 66.1 del Código Procesal Penal.
La decisión de la fiscalía incluye la posibilidad de una eventual vacancia de su cargo como vicegobernadora regional de Ica.
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