La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR–PNP), a través de su unidad en Ica y con apoyo del Área de Inteligencia Anticorrupción de la DIVREINT, realizó un operativo que culminó en la detención en flagrancia de Fredy Monzón Cárdenas (57), gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Marcona.
La intervención se produjo cuando el funcionario de confianza del alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, conducía una camioneta oficial de placa EAG-952, asignada a la comuna, sin contar con autorización ni documento que justificara su uso fuera de su jurisdicción.
El operativo se ejecutó en la Panamericana Sur, a la altura del grifo Primax, frente al mercado Santo Domingo, punto donde los agentes detectaron el desplazamiento irregular del vehículo estatal. Durante la verificación, Monzón no presentó ninguna constancia, oficio o permiso municipal que avalara el traslado de la camioneta desde Marcona hacia Ica, lo que para la Policía constituye un presunto uso particular de un bien público, conducta sancionada por la normativa vigente sobre administración de recursos estatales.
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Ante esta situación, los agentes procedieron a incautar el vehículo y detener al funcionario por la presunta comisión del delito de peculado doloso, regulado en el Código Penal. La intervención fue comunicada al representante del Ministerio Público, quien ordenó diligencias preliminares que incluyen la revisión de los registros de uso del vehículo, la documentación interna del municipio, y las declaraciones del implicado y otros testigos.
Alcalde de Marcona, Joel Rosales también fue detenido por la Policía en julio 2025
La Municipalidad de Marcona para de escándalo en escándalo. En julio fue detenido por la Policía en Portachuelo, Nasca, debido a una requisitoria vigente por peculado, hecho que expuso su situación legal justo cuando impulsaba su precandidatura al Gobierno Regional de Ica por Acción Popular.
A partir de esa detención, el caso avanzó en el Poder Judicial. El Juzgado Penal Unipersonal de Nasca lo encontró responsable del delito de peculado por uso y lo condenó por corrupción a dos años y tres meses de pena suspendida, además del pago de reparación civil, multa y el cumplimiento de reglas de conducta estrictas.
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