Tres periodistas están en la mira del Ministerio Público en Ica. Esto tras ser involucrados directamente en la mafia de los brevetes operada por «Los Tramitadores del GORE», presunta organización criminal acusada del tráfico de licencias de conducir en la Dirección Regional de Transportes del Gobierno Regional de Ica.
El proceso involucra principalmente al exgobernador Javier Gallegos Barrientos y funcionarios que asumieron la direcciones del sector transporte. Entre los exdirectores están Carlos Martinez Hernández, alias «Chino Martinez» y Edward Amoroto Ramos, hoy actual alcalde ‘no habido’ del distrito de Los Aquijes. De acuerdo a investigaciones, estos dos últimos habrían financiado a tres periodistas, considerándose así como el «brazo mediático» de la mafia.
Se trata de los periodistas Gastón Medina Sotomayor, Alex Pillaca Castilla y Víctor Raúl Arroyo Huamán, alias «Paul Mayer». Los hombres de prensa recibían el pago de hasta 4000 soles mensuales en efectivo, según reveló el aspirante a Colaborador Eficaz código CE-009-202.
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El dinero de la mafia era para que los periodistas cuiden la imagen tanto del Carlos «Chino Martinez» y Edward Amoroto, dado que estos exdirectores de transportes postularían a las alcaldías de Parcona y Los Aquijes respectivamente.
LA LUPA accedió a información importante. Este lunes 29 de mayo, el exdirector, Carlos «Chino Martinez» asistió a la sede del Poder Judicial de Ica. Lo citó el juez de investigación preparatoria Vicente Fernández Tapia. Como se sabe, a diferencia de Amoroto, hoy prófugo al recibir 36 meses de prisión preventiva, Chino Martinez se habría acogido a la confesión sincera al admitir los delitos y deberá asistir en cuanto se le cite para buscar reducir su futura condena judicial.
Fuentes ratificaron que los delatores por ahora siguen en calidad de «Aspirantes» a Colaboradores Eficaces. Es decir, recibieron ciertos beneficios como no ir a prisión preventiva, en el caso de Chino Martinez, a cambio de dar información de calidad sobre la organización criminal. De dar alguna información que no se ajuste a la verdad, el juez podría quitarles los beneficios.
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