La mañana de hoy miércoles 11 de septiembre, dos trabajadores del penal de Chincha fueron atacados por sicarios mientras salían de su jornada laboral. El violento incidente dejó como resultado la muerte de la abogada Fanny Flor Hernández Correa, de 59 años, y heridas graves en Manuel Ricardo Cervantes Saavedra, otro empleado del penal.
El ataque ocurrió cerca de las 8:00 a.m., en las inmediaciones del centro penitenciario, cuando los agresores abrieron fuego contra los trabajadores. Las autoridades informaron que los sicarios, a bordo de una motocicleta, interceptaron a los empleados en la entrada del penal y dispararon directamente contra ellos.
La abogada Hernández Correa, quien trabajaba en el área legal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), recibió impactos de bala en el cuello, mientras que Cervantes Saavedra sufrió heridas en la pierna y el cuello. Ambos iban en evacuación inmediata hacia el Hospital San José de Chincha, donde la abogada falleció debido a la gravedad de sus heridas.
El jefe de la División Policial de Chincha, Coronel PNP Daniel Elías Soto, confirmó la muerte de Hernández Correa y agregó que Cervantes Saavedra se encuentra fuera de peligro tras someterse a una intervención quirúrgica. La policía también informó que la motocicleta que se usó en el ataque lo hallaron cerca del lugar, lo que ha dado lugar a una investigación para identificar a los responsables.
Caos en el penal de Chincha
Este ataque se dio en medio de recientes cambios en la administración del penal, luego de denuncias de extorsiones que involucraban a los propios delegados de los presos. La principal hipótesis que maneja la Policía Nacional del Perú (PNP) apunta a que el ataque sería una represalia de los delegados removidos, quienes habrían ordenado el atentado en un intento por retomar el control de las actividades delictivas dentro del penal.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de un comunicado en redes sociales, condenó el ataque y expresó sus condolencias a la familia de la abogada fallecida. Asimismo, ratificaron su compromiso de mantener el principio de autoridad en los centros penitenciarios del país y garantizar la seguridad de sus trabajadores.
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