En una de las ciudades con mayores índices de inseguridad del país, la tecnología destinada a combatir el crimen opera a medias. El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, César Campaña, reveló que la comuna no cuenta con servidores para almacenar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en puntos críticos del distrito.

“Lo que está ocurriendo ahora es que en nuestra municipalidad aún no se han adquirido los servidores, que están en proceso para adquirirse y obtener el almacenaje”, confirmó el funcionario, evidenciando una grave limitación en el sistema de seguridad.

Actualmente, las 65 cámaras operativas solo permiten monitoreo en tiempo real, lo que restringe su utilidad para investigaciones posteriores. “Se realizan algunas intervenciones, pero si al día siguiente requieren de esas imágenes, no están grabadas”, precisó Campaña. La falta de almacenamiento impide, por ejemplo, reconstruir hechos delictivos, identificar sospechosos o aportar pruebas clave para procesos judiciales.

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El gerente señaló que la adquisición de los servidores no depende de su área, sino del sector administrativo de la comuna, actualmente dirigido por Mario Reyna de Alianza para el Progreso. “No depende de mí, depende del Área de Administración para que apresuren los procesos”, acotó, deslizando responsabilidades internas en medio de la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad.

Este problema se enmarca en un proyecto mayor impulsado a fines del año pasado, cuando el Ministerio del Interior del Perú, el Gobierno Regional de La Libertad y los municipios provinciales suscribieron un convenio para instalar 460 cámaras de seguridad en toda la provincia. De ese total, al distrito de Trujillo le corresponden 200 dispositivos.

Hasta el momento, solo 65 han sido instalados, mientras que otras 135 cámaras aún no han sido entregadas. Según Campaña, la compra de los servidores —indispensables para almacenar las grabaciones de las 200 cámaras proyectadas— demanda una inversión superior a los 4 millones de soles.

Esta situación deja al descubierto una paradoja crítica: en un contexto donde la delincuencia exige respuestas inmediatas y eficaces, el sistema de videovigilancia carece de una herramienta básica para cumplir su propósito. Sin registro de imágenes, la prevención y la investigación de delitos quedan severamente limitadas, convirtiendo a las cámaras en simples observadoras de hechos que no podrán ser esclarecidos después.

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