La Contraloría General de la República acaba de soltar un documento revelador, que todos en el Gobierno Regional de Puno quisieran ocultar. Lo llaman “Informe de Auditoría N° 026-2025…”. Podríamos llamarlo, “El informe de cómo Richard Hancco pagó a la UNI de López Chau por trabajo retrasado, mientras el hospital Manuel Núñez Butrón sigue siendo sólo un sueño, a pesar que se puso la primera piedra a cargo del Consorcio Francés Egis-APHP, mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno.

Primer acto: El truco del convenio

El hospital Manuel Núñez Butrón lleva paralizado desde diciembre de 2021 en Jayllihuaya. Ya se había botado 126 millones de soles. En lugar de buscar cómo reactivarlo de verdad, el Gobierno Regional de Puno, bajo el mando de Richard Hancco, tuvo una idea “brillante”.

Suscribió un “convenio de colaboración sin fines de lucro” con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con su Centro CISMID, que dirigía el ex rector Alfonso López Chau. Monto: 171,218 soles. ¿Para qué? Para unos estudios hidrológicos. Suena técnico, ¿verdad? El truco está en la palabra “colaboración”. Porque así evadieron la Ley de Contrataciones del Estado. No hubo licitación, no hubo competencia, no hubo transparencia. Fue un “hágase el contrato” a dedo, entre amigos.

Pero hay más. El Consejo Regional, ese que debería fiscalizar, nunca autorizó este convenio. Hancco lo firmó por su propia cuenta. Un acto de prepotencia que viola todas sus propias reglas.

Segundo acto: La farsa de los plazos y los pagos

La UNI entregó los estudios con retraso. Mucho retraso. Hasta 52 días. Según cualquier regla, eso es incumplimiento. El contrato debió anularse. Pero no. Los funcionarios de Hancco, como Wilhem Limachi y Juan Pablo Quispe, les dieron el “visto bueno” y pagaron hasta el último centavo.

¿Y a dónde fue ese dinero? La Contraloría descubrió que la plata no fue solo para el estudio de Puno. Parte se usó para pagar planillas de personal permanente del CISMID meses después de terminado el trabajo, e incluso para financiar un estudio de vulnerabilidad sísmica en… San Juan de Lurigancho, Lima. Así es. El dinero para la salud de Puno terminó financiando gastos corrientes de la UNI y un proyecto en la capital. Eso no es “colaboración sin fines de lucro”. Eso es lucrar descaradamente con la desgracia ajena. Alfonso López Chau debe explicar esta carambola contable.

Tercer acto: El terreno que desaparece

Mientras hacían este convenio irregular, el PRONIS (el programa que podría ejecutar la obra) les hizo observaciones a los dos terrenos para el hospital: el de Jayllihuaya y uno alternativo en la Av. El Sol. El compromiso era trabajar en ambos.

¿Qué hizo la gerencia de Infraestructura de Hancco? Contrató servicios solo para el terreno de Av. El Sol, abandonando a propósito el de Jayllihuaya. ¿Por qué? La auditoría huele a manipulación. Quieren que el terreno original, valorizado en más de 1.6 millones de soles, se pierda. ¿Otro posible desfalco, otra posible estafa?

El reparto de culpas

La Contraloría no se anda con vueltas. Señala nombres y apellidos y habla de responsabilidad administrativa y penal. De delitos.

• Richard Hancco: Por firmar a lo loco, sin autorización, evadiendo la ley. El Gobernador, el primer responsable.
• Alfonso López Chau (y la UNI): Por recibir un contrato irregular, incumplir plazos y usar los fondos para fines distintos a los pactados, lucrando con un hospital que el pueblo puneño espera se construya de una vez.
• Una corte de funcionarios cómplices: Del gerente general Juan Macedo, que impulsó el convenio; al asesor jurídico Keith Mamani, que dio el “aval” legal con tinta invisible; al ex jefe de abastecimiento Percy Huacantara; y a los que pagaron sin verificar, Wilhem Limachi y Juan Pablo Quispe. Una cadena de complicidad que hizo posible el pago.

La Burla

El proyecto sigue paralizado. Los estudios de la UNI no sirvieron para nada. 171 mil soles se evaporaron en un convenio amañado. Un terreno valorizado en millones podría perderse. Y todo esto ocurrió mientras, los ciudadanos de Puno, siguen esperando un hospital que salve vidas.

Esto no es error. Es dolo. No es mala gestión. Es una red que tejió el Gobierno Regional de Hancco con una universidad prestigiosa (la UNI) para succionar recursos públicos. Han convertido la salud, la urgencia más dramática de Puno, en un botín.

La Contraloría ha hecho su parte: ha levantado la alfombra y mostrado el negociado. Ahora le toca a la Fiscalía. A los ciudadanos. No permitan que este despropósito quede en un simple informe. Exijan que Richard Hancco y Alfonso López Chau rindan cuentas. Que los 171 mil soles robados a su esperanza les sean cobrados, hasta el último centavo, con la fuerza inflexible de la ley.

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