El proyecto “Juntas por la Igualdad”, presentó el informe Regional «Situación de la brecha económica y potencialidades para el desarrollo de las mujeres en Piura». El documento evidencia la persistencia de la violencia, la desigualdad económica y la falta de articulación entre instituciones para cerrar brechas que afectan directamente a niñas, adolescentes y mujeres adultas en toda la región.
El estudio expuesto revela que el 62.8% de mujeres asume simultáneamente tareas del hogar, cuidados y emprendimientos, mientras persisten brechas laborales: el 86% no recibe igual pago que los hombres y aún enfrenta barreras para acceder a recursos. Estas desigualdades generan dependencia económica, mayor exposición a la violencia, sobreendeudamiento y riesgos como la trata, profundizando su vulnerabilidad.
En este contexto, Ortelia Valladolid, coordinadora del proyecto, señaló que aún existe un enorme reto para fortalecer la labor del Estado en la atención a mujeres y niñas.
“Hay muchísimo por hacer (…) y una de las principales tareas es el asesoramiento, la sensibilización y la capacitación a operadores y funcionarios, tanto del nivel local como del nivel regional”, afirmó. Según explicó, esta falta de compromiso limita la elaboración de políticas que puedan transformarse en proyectos reales de reducción de brechas.
Plan Regional de Igualdad de Género
La coordinadora recordó además que la región aún no cuenta con la aprobación del Plan Regional de Igualdad de Género (PRIG), mencionó que se encuentra pendiente y se espera que este 27 de noviembre, en el desarrollo del Congreso Nacional de Igualdad de género, el consejo regional priorice la problemática de las brechas de género y no postergue más su tratamiento.
“Van a participar organizaciones de mujeres para exigir su aprobación. Esto permitiría que las direcciones regionales prioricen la problemática de las brechas de género. Uno de los principales obstáculos ha sido la terminología de población LGBTQ+. Atribuyen que solo son mujeres y hombres y que no hay un tercer tercer sexo”, indicó.
Por su parte, Domingo Peña Inga, subgerente de Desarrollo Social del GORE, precisó que la aprobación del PRIG depende exclusivamente del Consejo Regional, donde en la última sesión 7 de los 11 consejeros votaron en contra. Reconoció, además, que esta decisión genera un retraso en el trabajo planificado para avanzar en la igualdad de género.
“El PRIG tuvo varias observaciones, se levantaron en su debido tiempo y ya es el Consejo el encargado de aprobar. (…) Esto genera un retraso porque no nos permite hacer un trabajo planificado por la igualdad de género.”, declaró.
La presentación del informe concluyó con un llamado urgente a las autoridades para asumir responsabilidades y garantizar acciones concretas. Tanto organizaciones como especialistas coincidieron en que Piura cuenta con diagnósticos suficientes; lo que falta es voluntad política para ejecutar medidas que protejan a las mujeres y aseguren su desarrollo económico y social.
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