El estado de la infraestructura educativa en Ayacucho se mantiene como uno de los principales factores que condicionan el desarrollo del proceso educativo. De acuerdo con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), siete de cada diez instituciones educativas de la región presentan deterioro estructural, una situación que impacta directamente en la seguridad y el aprendizaje de los estudiantes.

Según explicó Ronald Pizarro, representante del gremio docente, los resultados obtenidos en las evaluaciones educativas durante el 2025 reflejan un escenario preocupante que no puede desligarse de las condiciones físicas en las que operan muchos colegios. A nivel nacional, el Ministerio de Educación ha informado que más del 70 % de locales escolares requiere refacción urgente y que entre el 50 % y 55 % necesita ser demolido y reconstruido, cifras que también se replican en regiones como Ayacucho.

Desde el gremio docente se advierte que, pese a la magnitud del problema, no se han ejecutado acciones urgentes para atender el deterioro de la infraestructura escolar. Según Pizarro, estas deficiencias han sido expuestas a las autoridades del sector Educación a nivel regional; sin embargo, hasta el momento no se evidencian intervenciones sostenidas que permitan reducir los riesgos en los locales educativos.

“Las condiciones en las que estudian nuestros alumnos influyen directamente en los logros de aprendizaje. No se puede exigir resultados cuando muchas escuelas no ofrecen espacios seguros ni adecuados”, afirmó.

El deterioro de la infraestructura no solo implica aulas con paredes agrietadas o techos en mal estado. En varios casos, las instituciones carecen de servicios básicos adecuados, instalaciones eléctricas seguras y espacios suficientes para el desarrollo de actividades pedagógicas. Esta situación se agrava en zonas rurales, donde el acceso a equipamiento, conectividad y materiales educativos es limitado.

“Aquí tenemos colegios con aulas deterioradas, techos en mal estado y servicios básicos deficientes, especialmente en las zonas rurales”, precisó.

Estas deficiencias generan interrupciones en el servicio educativo. Estudiantes que reciben clases en ambientes improvisados, rotación de horarios o suspensión temporal de actividades reducen el tiempo efectivo de aprendizaje. Además, el riesgo de accidentes aumenta durante la temporada de lluvias, cuando estructuras deterioradas pueden ceder y poner en peligro a la comunidad escolar.

“Hemos informado reiteradamente a las autoridades regionales sobre el estado de la infraestructura educativa, pero no vemos intervenciones urgentes ni sostenidas”, sostuvo Pizarro, al referirse a la respuesta institucional del sector.

El Sutep sostiene que la infraestructura constituye un componente clave para garantizar aprendizajes adecuados, junto con el equipamiento y la capacitación permanente de los docentes. En ese sentido, el gremio considera que la eventual declaratoria de emergencia del sector educativo en Ayacucho debería priorizar la intervención de los locales escolares, como una medida preventiva para salvaguardar a la comunidad educativa.

“En temporada de lluvias, el riesgo es mayor; hay instituciones que pueden colapsar si no reciben mantenimiento oportuno”, advirtió el secretario regional del Sutep.

El problema se inserta en un contexto nacional más amplio. Datos oficiales indican que cerca de un millón de estudiantes se encuentran fuera del sistema educativo y que alrededor de ocho millones de adolescentes no han culminado la educación básica. Factores como la pobreza, la anemia infantil y las condiciones del entorno familiar influyen en esta realidad, pero el estado de los locales escolares continúa siendo una barrera estructural para la permanencia y el rendimiento escolar.

“No basta con construir colegios; muchos no cuentan con equipamiento, mobiliario ni conectividad. Sin esas condiciones, el proceso educativo se ve seriamente limitado”, explicó.

En Ayacucho, la Dirección Regional de Educación ha planteado la posibilidad de declarar en emergencia el sector educativo, medida que, según el gremio docente, debería priorizar la intervención en infraestructura para reducir riesgos y mejorar las condiciones de aprendizaje. Mientras tanto, el inicio del 2026 encontrará a miles de estudiantes asistiendo a colegios que no garantizan plenamente un entorno seguro ni adecuado para su formación.

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