La promulgación de la Ley N.° 32735, que modifica las reglas sobre el delito de función y fortalece la jurisdicción militar-policial, ha generado preocupación entre representantes de las víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023. César Quispe Calsín, abogado de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca, advirtió que la norma podría abrir un escenario de riesgo para el avance de los procesos judiciales.
En declaraciones a Radio Onda Azul, el abogado sostuvo que la nueva legislación podría ser utilizada para intentar trasladar a la jurisdicción militar-policial investigaciones que actualmente se tramitan en la justicia ordinaria.
La Ley N.° 32735 fue promulgada el 20 de julio de 2026 y modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para precisar el concepto de delito de función y establecer nuevas reglas sobre la jurisdicción aplicable a policías y militares investigados por hechos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. (Comunicaciones)
Abogado cuestiona aplicación de la norma a casos de las protestas
Quispe Calsín sostuvo que los casos relacionados con las muertes ocurridas durante las protestas no cumplirían, a su criterio, con todos los elementos necesarios para ser considerados delitos de función.
El abogado explicó que, aunque los investigados sean efectivos policiales o militares y los hechos hayan ocurrido durante actos de servicio, debe analizarse si la conducta afectó un bien jurídico directamente relacionado con la existencia, organización, operatividad o funciones institucionales de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
En esa línea, sostuvo que la vida y la integridad de los ciudadanos no constituyen bienes jurídicos institucionales, por lo que los procesos deberían permanecer bajo competencia de la justicia ordinaria.
La discusión se produce luego de que la nueva ley ampliara y precisara los supuestos vinculados con el delito de función, incluyendo determinadas actuaciones de policías y militares realizadas en el ejercicio de sus atribuciones institucionales. (El Peruano)
Procesos por muertes en protestas ya avanzaron
El representante legal de las víctimas también señaló que varias investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas ya superaron la etapa de investigación preparatoria.
Según explicó, algunos casos se encuentran en la etapa intermedia, en la que el Ministerio Público formula sus acusaciones fiscales antes del eventual inicio de los juicios orales.
Por ello, consideró que un eventual cambio de jurisdicción podría afectar el desarrollo de procesos que ya han avanzado dentro del sistema de justicia ordinario.
La norma establece que no pueden tramitarse simultáneamente procesos en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción militar-policial cuando exista identidad de sujetos y hechos investigados, una disposición que ha generado debate sobre sus posibles efectos en procesos en curso. (El Peruano)
Evalúan acciones legales contra la Ley N.° 32735
Respecto a las medidas legales, Quispe Calsín mencionó la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la norma.
Sin embargo, expresó sus reservas sobre la actuación del Tribunal Constitucional y consideró que jueces y fiscales podrían recurrir al control de constitucionalidad y al control de convencionalidad si concluyen que la aplicación de la ley contradice la Constitución o los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.
El debate sobre la Ley N.° 32735 continúa abierto, especialmente por sus efectos sobre la delimitación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción militar-policial. Mientras el Congreso sostiene que la norma busca precisar el delito de función y fortalecer la función militar y policial, especialistas y organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos han advertido sobre posibles riesgos para la independencia de las investigaciones y el acceso a la justicia. (Comunicaciones)
Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo