Un grupo de postulantes denunció presuntas irregularidades en el proceso de admisión de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Juliaca, luego de que circularan mensajes en los que supuestamente se ofrecían vacantes para distintas especialidades a cambio de dinero.
Los denunciantes sostuvieron que los montos mencionados en los chats llegarían hasta los S/5.000, dependiendo de la especialidad. Sin embargo, hasta el momento, estas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente y los mensajes deberán ser sometidos a una investigación para establecer su autenticidad.
Postulantes exigen investigar presunta venta de vacantes
Durante la protesta, los denunciantes exhibieron conversaciones que, según afirmaron, demostrarían un supuesto ofrecimiento de vacantes. A partir de ello, solicitaron la intervención de las autoridades competentes para determinar si existió algún intento de comercialización irregular de los cupos disponibles. Los postulantes también pidieron que se esclarezca quiénes estarían detrás de estos presuntos ofrecimientos y si tuvieron alguna relación con el proceso de admisión. La denuncia generó preocupación entre los participantes, debido a que una eventual venta de vacantes podría afectar la transparencia y la igualdad de condiciones entre quienes buscan acceder a una plaza de formación docente.
Tensión durante el ingreso de postulantes
La situación provocó momentos de tensión en los exteriores de la institución. Mientras un grupo exigía la presencia del Ministerio Público para garantizar la transparencia del proceso, otro sector reclamaba que las postulantes que habían obtenido una vacante pudieran ingresar y continuar con el procedimiento establecido. En medio de los reclamos y empujones, algunas estudiantes lograron ingresar al local para continuar con el proceso de admisión. El escenario reflejó la división entre quienes exigían suspender o revisar el proceso y quienes pedían que la evaluación continuara con normalidad.
Piden investigación transparente
Los denunciantes insistieron en que las autoridades deben revisar los chats presentados, verificar su procedencia y establecer si las conversaciones corresponden realmente a personas vinculadas con el proceso de admisión. También solicitaron que, de comprobarse alguna irregularidad, se determinen las responsabilidades administrativas o legales que correspondan. Por ahora, las acusaciones permanecen en calidad de denuncia. La autenticidad de los mensajes y la existencia de una eventual comercialización de vacantes deberán ser establecidas mediante una investigación oficial.
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