Junín se ubicó como la tercera región del país con mayor reducción de pobreza en 2024. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza en la región pasó de 24.3 % en 2023 a 18.5 % en 2024, es decir, una caída de 5.8 puntos porcentuales. Esta cifra es incluso menor a la registrada antes de la pandemia (20.7 %) y representa que más de 76 mil personas salieron de la pobreza en el último año. Sin embargo, aún hay más de 259 mil personas en situación de pobreza en la región, lo que evidencia que el problema persiste y necesita atención urgente.
Una persona es considerada en situación de pobreza cuando no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, salud y educación. En el Perú, el umbral de pobreza individual equivale a un gasto mensual de S/454. En zonas rurales de la sierra, un hogar promedio necesita al menos S/1,352 mensuales, mientras que en zonas urbanas esa cifra sube a S/1,596.
“El crecimiento de sectores como agricultura, construcción o turismo puede generar empleos accesibles para la población más vulnerable. Pero ese crecimiento debe ir acompañado de políticas que fomenten la inversión y el empleo formal, con derechos laborales y salarios justos”, señaló Dittmer Quispe, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
A nivel nacional, el INEI reportó una reducción de 1.47 puntos porcentuales en la pobreza entre 2023 y 2024, de los cuales casi la mitad se explica por el crecimiento económico. No obstante, en Junín persiste un alto nivel de informalidad laboral: más de 427 mil personas trabajan sin acceso a derechos laborales ni estabilidad. La región ocupa el quinto lugar con mayor informalidad del país, especialmente entre comerciantes y agricultores, según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Más allá del ingreso: pobreza multidimensional
La pobreza no solo implica ingresos bajos, sino también condiciones estructurales que limitan el bienestar de las personas. “Salir de la pobreza no depende únicamente del ingreso mensual, sino también del entorno en el que una persona crece, y de las oportunidades educativas, sanitarias y de infraestructura a las que accede desde la infancia”, añadió Quispe.
En Junín, muchas personas enfrentan barreras estructurales como servicios básicos deficientes, infraestructura precaria y falta de acceso a educación de calidad. Estos factores dificultan romper el ciclo de pobreza y limitan las posibilidades de desarrollo individual y colectivo.
“Si una persona no puede cubrir sus necesidades básicas, queda atrapada en la vulnerabilidad: con alimentación inadecuada, salud limitada y obstáculos para trasladarse o trabajar. Esto no solo afecta su bienestar, sino también el desarrollo económico de toda la región”, concluyó el especialista.
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