Víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el conflicto armado interno de 1980 al 2000, demandaron que los jueces inapliquen la Ley de Amnistía para militares, policías y miembros de comités de autodefensa investigados o condenados por crímenes como desaparición forzada, tortura y homicidio, aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso el último miércoles.

Organizaciones de derechos humanos, junto a familiares de víctimas de casos emblemáticos como La Cantuta y Barrios Altos, Chuschi, UNCP y otros, llamaron a los jueces que procesan los casos, inapliquen la ley, así como ya ocurrió con la Ley de prescripción para delitos de lesa humanidad, en que los magistrados prefirieron apegarse a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con un informe de junio 2024 del Ministerio Público, en las fiscalías de derechos humanos de Junín y la selva central, existen 147 casos que investigan presuntas violaciones a los derechos humanos en el periodo 1980 – 2000, muchos de los cuales involucran a militares.

“Han pasado 42 años desde que en Chuschi asesinaron y enterraron a nuestros seres queridos en fosas comunes. No permitiremos que esta ley borre nuestra lucha por justicia”, afirmó un representante de los familiares, respaldado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Los familiares instan a los jueces a priorizar la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en casos como Barrios Altos y La Cantuta declaró nulas las amnistías para crímenes de lesa humanidad. “Los jueces tienen el deber de proteger los derechos de las víctimas y no ser cómplices de la impunidad”, señaló Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos.

Además, los afectados demandaron al Ministerio de Justicia y al Ejecutivo un pronunciamiento claro en defensa de las víctimas. “El ministro de Justicia debe representarnos a todos, no solo a los violadores de derechos humanos. Exigimos que se respete nuestro derecho a la verdad y la reparación”, declaró por su parte Gisela Ortiz, familiar del caso La Cantuta.

Frente a posibles presiones contra la independencia judicial, los familiares y defensores de derechos humanos pidieron apoyo internacional para proteger a jueces y fiscales que se resistan aplicar la ley de amnistía. También anunciaron acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH. Esta última ya exhortó al Perú, el 26 de junio de 2024, a no aprobar amnistías que violen el derecho internacional.

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