Pese a que el gobernador Zósimo Cárdenas Muje anunció S/ 35 millones para el pago de la deuda social con maestros y servidores públicos, los trabajadores administrativos del sector educación confirmaron un paro regional de 24 horas para el martes 14 de octubre, exigiendo que el Gobierno Regional de Junín cancele los beneficios pendientes.
“El gobernador se irroga una gestión que no ha hecho. Esos millones que anuncia son transferencias que cada año realiza el Ministerio de Economía, según los listados de la Comisión Multisectorial Evaluadora”, señaló el secretario de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase), Jhon Sinche.
El dirigente agregó que Cárdenas “no ha gestionado ni pagado un sol de la deuda social” y que, si hubiera voluntad política, destinaría a ese fin los saldos presupuestales, cosa que no ha ocurrido en lo que va de su gestión.
El gobernador participó este martes en la segunda audiencia regional de rendición de cuentas, en un auditorio de Chupaca, repleto de funcionarios, trabajadores de su entorno y la “portátil”, pero con poca presencia de la sociedad civil.
Las demandas de la Fentase
El paro busca que el Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación atiendan tres exigencias principales:
Pago del bono económico por productividad y apoyo a la gestión educativa (S/ 540), acordado en un convenio colectivo, que el Gobierno Regional pretendería desconocer.
Liquidación de la deuda social reconocida por resolución administrativa, que comprende:
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a quienes cesen hasta diciembre de 2025.
Asignación por 25 y 30 años de servicio.
Subsidio de luto y gastos de sepelio.
Entrega de un bono de S/ 100 asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para trabajadores de las UGEL Chupaca y Satipo.
Según Sinche, la deuda social con trabajadores del sector educación de Junín supera los S/ 500 millones solo en casos que cuentan con sentencia judicial.
El dirigente cuestionó además el criterio de priorización de pagos que emplea la Comisión Multisectorial Evaluadora. “Si el beneficiario tiene enfermedad terminal, recibe S/ 30 mil, si padece una enfermedad grave, S/ 10 mil, y si es menor de 65 años, solo hasta S/ 3 mil. Es discriminatorio”, remarcó.
La llamada deuda social corresponde al pago de sentencias judiciales firmes —en calidad de cosa juzgada— que el Estado debe honrar con los trabajadores.
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