El cooperativismo cafetalero peruano se encuentra en estado de alerta. Dirigentes y técnicos de las cooperativas agrarias, liderados por el sector cafetalero, exigieron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la instalación urgente de una mesa de trabajo de alto nivel. El objetivo es frenar y dejar sin efecto un paquete de disposiciones que consideran «represivas y excluyentes», las cuales anulan el rol de representación que estas organizaciones ejercen en favor de sus miles de socios.

El malestar es profundo. Según Delky Gutiérrez, presidente de la Junta Nacional del Café (JNC) y líder de la cooperativa CENFROCAFE, que agrupa a más de 2,500 familias productoras, llevan meses intentando dialogar con los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y de Economía y Finanzas (MEF) sin obtener respuesta.

«Este inexplicable silencio genera zozobra entre los miles de agricultores», advirtió el dirigente cafetalero.

El golpe a la comercialización y exportación del café

El centro de la controversia es el Decreto Supremo 015-2026-EF, que reglamenta la Ley 32434, bautizada como de «promoción de la agricultura moderna». Esta norma, que entrará en vigencia en agosto de este año, elimina en la práctica el «acto de representación».

Para las cooperativas cafetaleras, cuyo modelo de éxito se basa en acopiar el grano de miles de pequeños productores para exportarlo a mercados internacionales, el impacto es devastador. Gutiérrez explicó que la nueva norma exige que el reintegro tributario (como el IGV, Impuesto a la Renta o el drawback por exportaciones) se tramite de manera individual por cada socio, ignorando que es la cooperativa la que realiza la compra de insumos y la venta del café al exterior.

Trabas burocráticas y discriminación

A la asfixia tributaria se suma una barrera administrativa. Para acceder a beneficios, los cafetaleros y demás agricultores deberán presentar un informe técnico-legal del Midagri que acredite su producción y registre sus bienes de capital.

El líder de la JNC calificó esta exigencia de irreal y discriminatoria. «El Midagri no tiene actualizados los registros de propiedad de la tierra (…) menos puede acreditar la producción y el comercio que realizan dos millones de pequeños agricultores», señaló Gutiérrez. Además, denunció que estas condiciones no se aplican a las grandes empresas agroindustriales, constituyendo una «discriminación económica y política» prohibida por la Constitución.

El peso del café y el cooperativismo

La advertencia del gremio cafetalero no es menor si se toma en cuenta el peso del sector. Hasta abril de este año, más de 130 mil pequeños agricultores operan formalizados en 1,406 cooperativas agrarias a nivel nacional.

Esta fuerza productiva, donde el café es uno de los principales motores, cultiva más de 450 mil hectáreas (un promedio de 3.5 hectáreas por socio familiar) y abastece tanto al mercado interno como a las exigentes plazas internacionales, exportando a más de 80 países. «Trabajamos nuestras tierras en condiciones adversas y excluidos de los fuertes incentivos que percibe la gran agricultura de la costa», lamentó el presidente de la JNC.

Frente a este escenario, las cooperativas cafetaleras y de otros cultivos de agroexportación han iniciado reuniones estratégicas para defender el modelo cooperativo. Su esperanza está puesta en que la PCM atienda su llamado e instale la mesa de diálogo para derogar estas medidas «anti-campesinas» antes de que se concrete el próximo cambio de gobierno, evitando así un inminente colapso en la cadena de comercialización del café peruano.

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