Los actos de corrupción y la inconducta funcional de funcionarios públicos en el año 2023, causaron un perjuicio económico de 887 millones de soles, según reveló la Contraloría General de la República.
De acuerdo al ranking del perjuicio por territorio, la región Puno se ubica en el octavo lugar, después de la región Arequipa, en los que están involucrados funcionarios públicos que cometieron actos de corrupción.
La Contraloría está detectando estos casos y luego viene el encausamiento de procesos de denuncia penal, civil o imputaciones de responsabilidades administrativas, conforme rigen las normativas que regulan el manejo de fondos públicos.
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A nivel nacional los indicadores de perjuicio económico ascienden a S/.24.268 millones, de esa cifra, S/ 11.992 millones (49%) corresponden al gobierno nacional, 7.615 millones (31%) a los gobiernos regionales y 4.660 millones (19%) a las municipalidades.
La contraloría detalló que, en el 2023, la tasa de incidencia de corrupción se redujo a 12,7%. Ello representa una mejora frente al 2022, que se perdió S/ 13,4 de cada S/.100 debido a las irregularidades.
Según el tipo de gasto, el perjuicio ocasionado por la corrupción se registró principalmente en las áreas de inversión, abastecimiento y recursos humanos, con S/. 8.963 millones, S/. 8.836 millones y S/. 6.469 millones, respectivamente.
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