Una nueva auditoría de la Contraloría General de la República vuelve a poner bajo la lupa a la gestión del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, hoy candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP). Los informes confirman actos de corrupción en dos de las obras más emblemáticas adjudicadas durante su mandato, ambas otorgadas a la empresa LC&EC Constructora por un monto total de S/315,6 millones.

Hospital Virú

El primer informe, emitido el 5 de diciembre, concluye que el Comité de Selección del Gobierno Regional de La Libertad manipuló el proceso de licitación para la construcción del hospital de Virú. Según la Contraloría, los funcionarios Walter Zevallos Apolitano, Mario Rodríguez Miranda y Arturo Giles Mendoza favorecieron indebidamente a LC&EC, pese a que la empresa no cumplía con los requisitos establecidos en las bases del concurso.

Corredor vial Trujillo – Huanchaco

Un segundo informe, difundido el 20 de diciembre, detectó un esquema similar en la adjudicación del corredor vial Trujillo–Huanchaco. En este caso, Zevallos Apolitano, Giles Mendoza y Julio Valeriano Murga fraguaron nuevamente el procedimiento para beneficiar a la misma constructora. La reiteración de nombres y métodos revela un patrón sistemático: dos de los funcionarios implicados aparecen en ambos procesos, adjudicados con apenas tres meses de diferencia.

Gerentes de Acuña en la mira

Las irregularidades ya habían sido expuestas por el programa “Panorama” en julio de 2025, cuando se reveló que la propietaria de LC&EC Constructora era una joven de 23 años, sin experiencia en el rubro, utilizada como fachada para captar contratos públicos. La auditoría también responsabiliza a altos funcionarios regionales, como la gerenta de Contrataciones, Dioselinda Polo Tirado, y el gerente de Infraestructura, Jorge Bringas Maldonado, quienes fueron removidos recién después de que la Fiscalía Anticorrupción iniciara una investigación penal.

Lo que el GORE La Libertad nos dejó

Pese a que Acuña intentó desacreditar las denuncias calificándolas como una “campaña de desprestigio”, los informes oficiales evidencian modificaciones ilegales en las bases de licitación, cambios en los requerimientos técnicos y una fiscalización deficiente de las obras. Hoy, la Contraloría confirma que funcionarios de su confianza facilitaron una presunta repartija de millonarios contratos, mientras el Gobierno Regional asegura haberles retirado la confianza, una medida tardía frente a hechos que comprometen seriamente la transparencia de su gestión.

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