Las calles del Perú se llenaron de manifestantes en las últimas semanas. Transportistas, comerciantes y estudiantes lideran una serie de protestas nacionales que exigen respuestas concretas frente a la inseguridad y la extorsión, problemas que afectan principalmente a regiones del norte. La crisis ha motivado a los gremios a programar un nuevo paro nacional en noviembre.

Protestas amplias por la inseguridad

José Villanueva, líder de la Asociación de Transportistas de Trujillo, denunció que la violencia es insostenible. Explicó que el paro en Trujillo fue respaldado por comerciantes y transportistas, quienes han visto cómo la extorsión y la inseguridad afectan sus vidas y negocios. “Trujillo ya se manifestó; ahora las autoridades deben responder”, declaró Villanueva.

El dirigente insistió en que la asignación de más policías no ha logrado frenar el crimen. Propuso, además, un control más riguroso sobre los chips de telefonía, ya que, según él, los delincuentes los usan para extorsionar desde las cárceles. Villanueva también sugirió la creación de una comisión de expertos que proponga medidas para enfrentar este tipo de criminalidad.

Los estudiantes exigen justicia y seguridad

Carmen Morales, secretaria del Centro Federal de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, afirmó que los estudiantes enfrentan inseguridad tanto dentro como fuera de sus campus. Morales destacó que la movilización estudiantil muestra la unión de la comunidad educativa con transportistas y comerciantes, quienes buscan enfrentar una crisis de inseguridad generalizada.

«Nosotros también vivimos esta inseguridad, y el Estado no toma medidas efectivas», señaló. Morales pidió la derogación de leyes que, a su juicio, favorecen a los criminales. Además, subrayó la necesidad de una reforma integral que incluya al Ejecutivo, Legislativo y el sistema judicial.

Comerciantes de Gamarra: «La vida no tiene precio»

Carlos Choque, presidente del Comité de Lucha de Gamarra, señaló que el aumento de la violencia afecta tanto a comerciantes como a la población en general. «Ya no solo son pérdidas económicas, sino vidas que están en riesgo», dijo Choque. Expresó que la gravedad de la situación ha obligado a los comerciantes, tradicionalmente neutrales, a unirse a las protestas y denunció que el Gobierno no ha respondido a las demandas de seguridad.

Choque también propuso prohibir el uso de armas para civiles, argumentando que esta medida reduciría los asesinatos. «Sin seguridad no hay inversión», enfatizó. También criticó al Gobierno, que, en su opinión, actúa más para «la foto» que para implementar soluciones reales.

Los ciudadanos exigen un cambio inmediato

Líderes sociales han reclamado que los problemas de inseguridad se deben a la falta de coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Villanueva denunció que la inacción de estas entidades facilita la impunidad y la corrupción, mientras que el problema se agrava.

Las protestas buscan que el Gobierno central priorice el combate contra el sicariato y la extorsión. Con el paro programado para noviembre, los ciudadanos esperan respuestas claras. «La vida y la paz social deben ser las principales prioridades», concluyeron los líderes del foro.