La minería ilegal ya no solo contamina ríos o destruye bosques. También está modificando el mapa de los conflictos sociales en el Perú. El Reporte de Conflictos Sociales N. ° 266 de la Defensoría del Pueblo identifica una nueva tendencia: comunidades campesinas e indígenas que rechazan la presencia de mineros ilegales, plantas de beneficio y asociaciones de productores porque afectan sus territorios, fuentes de agua y medios de vida.
Hasta hace pocos años, la mayoría de conflictos socioambientales enfrentaba a poblaciones con grandes empresas mineras o petroleras. Hoy aparecen nuevos actores y nuevas disputas vinculadas a actividades que operan al margen de la ley o con escaso control estatal.
Seis conflictos identificados
La Defensoría ha registrado seis conflictos sociales relacionados directamente con la minería informal e ilegal.
Uno ocurre en Cahuacho (Arequipa), donde los pobladores de Nauquipa exigen el cese de actividades mineras ilegales que afectan sus territorios y recursos hídricos.
En Pataz (La Libertad) persiste el conflicto por los impactos sociales, ambientales y de seguridad asociados a la minería ilegal.
En Tigre y Datem del Marañón (Loreto), comunidades indígenas reclaman una intervención del Estado para frenar el avance de estas actividades sobre sus territorios.
Otro caso se desarrolla en La Pampa (Madre de Dios), donde mineros informales protestaron contra los operativos de interdicción policial. A ello se suma un conflicto de alcance nacional protagonizado por organizaciones de mineros informales que exigen ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y aprobar una nueva Ley para la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (MAPE).
Un caso fuera del mapa
Sin embargo, no todos los conflictos llegan a los registros oficiales. Uno de ellos ocurre en la comunidad originaria de Huallpamayo, en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas (Cusco).
Los comuneros mantienen una disputa con la planta de beneficio Yolita, instalada —según denuncian— sobre terrenos de propiedad comunal sin autorización. La Fiscalía investiga a sus operadores por el presunto delito de minería ilegal agravada.
Las investigaciones señalan el uso de mercurio y ácido sulfúrico, sustancias que habrían contaminado las aguas del río Huallpamayo Huaycco y afectado la agricultura y la salud de la población.
En octubre de 2024, el Gobierno Regional del Cusco ordenó paralizar las operaciones de la planta. Sin embargo, la medida fue levantada un año después pese a las observaciones técnicas.
Un conflicto distinto
La diferencia con los conflictos tradicionales es el tipo de adversario. Las comunidades ya no enfrentan únicamente a empresas formales claramente identificadas. Ahora lidian con asociaciones de mineros, operadores de plantas de beneficio, concesionarios, transportistas y redes económicas vinculadas a la minería ilegal.
Esa fragmentación dificulta la intervención del Estado. No existen responsables claramente identificados, tampoco mecanismos institucionales para resolver las controversias ni autoridades que asuman obligaciones frente a las comunidades afectadas.
Un fenómeno que crece
En abril, la Defensoría registró 190 conflictos sociales en el país. De ellos, 97 (51,1 %) son de carácter socioambiental, principalmente vinculados a actividades extractivas. En Cusco se reportaron 13 conflictos, de los cuales 11 permanecen activos y dos se encuentran en estado latente.
Pero el crecimiento de la minería ilegal está generando un tipo de conflictividad que todavía escapa a los sistemas de monitoreo.
Mientras comunidades campesinas e indígenas reclaman la protección de sus fuentes de agua y sus territorios, muchos de esos conflictos permanecen invisibles para el Estado. El caso de Huallpamayo demuestra que el nuevo mapa de la conflictividad social podría ser mucho más amplio de lo que reflejan las estadísticas oficiales.